En lugar de hacer un espectáculo mediático y morboso, intento en estas líneas analizar el real problema que enfrentamos como sociedad frente a las recientes denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes haitianos en procesos de reunificación familiar.
A partir del año 2010 y, sobre todo, desde mediados de esa década, Chile se convirtió en un destino migratorio para la población haitiana. Una migración directamente relacionada con la devastación del Estado y territorio haitianos, como resultado de la histórica intervención estadounidense, la presencia de tropas de la ONU para poner “orden” y una creciente inestabilidad e inseguridad social, política, sanitaria y alimentaria que se suma a la creciente y preocupante expansión de pandillas criminales. Una violencia que ya se venía retratando desde la antropología por el investigador haitiano Michel Rolph Trouillot, en su obra Silenciando el pasado (1995). Y analizada como violencia estructural por el antropólogo médico Paul Farmer, en su obra Patologías del poder (2004). Hoy exacerbada por los desplazamientos internos y las deportaciones masivas de personas haitianas desde República Dominicana y otros países del Caribe y el mundo.
El caso que actualmente analiza la Contraloría General de la República chilena es un resultado más de esas patologías generadas por el poder, como ha sido el Sida o la tortura durante la dictadura haitiana, analizadas por Farmer. Son vidas marcadas la violencia estructural, que Galtung explica como aquella violencia que opera de manera inadvertida, respecto de la cual no es fácil identificar un agente individual, pues está instalada e imbuida en la estructura política y social. Por su parte, Farmer, señala que la violencia estructural «constriñe la agencia de sus víctimas. Aprieta una soga física alrededor de sus cuellos, y este garrote determina la forma en que los recursos -alimento, medicina, incluso afecto- son asignados y experimentados» (Farmer, 2004, p. 315).
Esta introducción nos permite comprender la confusa situación actual del caso, de la flagrante desprotección de estos niños y niñas haitianas inubicables por el Estado. No es algo nuevo, diversas organizaciones han advertido sobre las múltiples barreras que enfrentan las familias migrantes haitianas para ejercer su derecho a la unidad familiar y acceder a mecanismos efectivos de protección. Casos no faltan de vulneración de derechos, desde Joanne Florvil, hasta la pequeña XXX. Pero, además, la comunidad haitiana se ha visto especialmente afectada por restricciones administrativas, dificultades para la regularización migratoria y obstáculos en los procesos de reunificación. Esto se ha analizado como parte de la racialización del control migratorio y fronterizo (Trabalón, 2024), un proceso que no se sitúa en el territorio nacional, sino que se despliega en un marco de jerarquías interestatales regionales y globales asimétricas y restricciones cada vez mayores en el acceso a la movilidad internacional mediante visados con requisitos imposibles de cumplir que producen la precarización de las condiciones y posibilidades en que se produce el movimiento.
La investigación del caso, en curso, ha identificado graves deficiencias institucionales en los procedimientos que involucran al Servicio de Migraciones y a la Subsecretaría de la Niñez, principalmente en materia de reunificación familiar, destacando la ausencia de protocolos de protección y debilidades en el seguimiento de niños y niñas ingresados al país. Esto no se puede explicar solamente desde la ineficiencia institucional, como lo ha planteado el actual gobierno, tampoco puede explicarse desde la supuesta flexibilización de requisitos de ingreso como lo ha señalado la administración anterior. Esto se explica desde la violencia estructural que viven como experiencias corporizadas las personas haitianas, una opresión inscrita en sus cuerpos como condición socio-política y como experiencia histórica, individual y colectiva.
Quizás la reflexión más productiva no sea poner el foco en la falsa novedad de los vuelos chárter, una estrategia históricamente expandida, sino en los réditos políticos y las narrativas securitarias que se pretenden instalar por medio de la mediatización de esta práctica al igual que otras, pretende capitalizar para seguir negando, racializado y criminalizando el derecho a migrar.
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