Una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Alto Hospicio, junto a la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI, permitió la detención de dos imputadas que lideraban una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Las víctimas eran captadas en Colombia, ingresadas de manera irregular al país y mantenidas bajo un sistema de control económico en un domicilio de Iquique.
La indagatoria se inició tras una denuncia anónima recibida a través del programa “Denuncia Seguro” por un presunto secuestro. Esto motivó diversas diligencias del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Tarapacá junto a la PDI, las que permitieron establecer que el inmueble denunciado funcionaba como un prostíbulo clandestino. Con esos antecedentes, la fiscal Camila Albarracín gestionó una orden de entrada y registro, diligencia realizada el 5 de junio. En el lugar se encontró a las víctimas y se incautó diversa evidencia, entre ella siete teléfonos celulares utilizados para coordinar servicios sexuales y una máquina de pago electrónico.
El análisis posterior de la evidencia y las declaraciones permitió vincular esta causa con otra iniciada en 2025 y establecer que una de las mujeres presentes en el inmueble actuaba como colaboradora directa de la líder de la organización, siendo detenida en el allanamiento. Las diligencias continuaron y llevaron a la detención de la segunda imputada —la líder del grupo— en un operativo realizado el 11 de junio en un domicilio de Alto Hospicio.
FORMALIZACION
En las audiencias de formalización, la fiscal expuso que, al menos durante mayo y junio de 2026, las imputadas colombianas K.T.G.B. y M.F.S.J., junto a otros sujetos aún no identificados, captaron en Colombia a las víctimas y, aprovechándose de su vulnerabilidad económica, les ofrecieron trabajo en Chile, ocultándoles las verdaderas condiciones del viaje y la actividad que deberían realizar al llegar al país.
Según la investigación, las imputadas coordinaron el traslado de las víctimas desde Colombia a Perú y luego su ingreso clandestino a Chile por pasos no habilitados en la comuna de Arica, manteniéndolas bajo vigilancia durante todo el trayecto. Ya en Chile, fueron llevadas a un inmueble en calle Serrano de Iquique, administrado por K.T.G.B., donde se les imponía una deuda por traslado, alimentación, alojamiento y otros gastos fijados unilateralmente por las imputadas. Esa deuda aumentaba de manera constante y debía ser pagada mediante la realización de servicios sexuales, manteniéndolas bajo un sistema permanente de control económico y dependencia que restringía su libertad para abandonar el lugar.
PRISION
Por solicitud del Ministerio Público, ambas imputadas quedaron en prisión preventiva, al estimarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación, periodo en el cual la Fiscalía continuará realizando diligencias para identificar a los demás integrantes de esta red de trata de personas con fines de explotación sexual.
