Un terremoto político sacudió La Moneda este jueves, 3 de abril de 2025, con la destitución de la senadora socialista Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, tras la polémica por la fallida compra de la casa de su padre para convertirla en museo. Este episodio, que podríamos llamar como un «condoro» del gobierno, dejó en evidencia lo que algunos llaman el amateurismo del Frente Amplio en temas legales que, según la Constitución, son claritos: los parlamentarios y personeros del gobierno no pueden realizar convenios con el Estado.
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) fue contundente y marca un precedente histórico. La vocera de Gobierno (S), Aisén Etcheverry, reaccionó sin asumir responsabilidad por el error, señalando: “Nos corresponde respetar los fallos del TC, pero lamentamos una decisión que generaría un precedente grave”. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, y el oficialismo quedó en el ojo del huracán.
Resumen cronológico del caso:
1. Abril-mayo de 2023: El proyecto de convertir la casa de Salvador Allende en museo comienza a gestarse. Representantes del gobierno, como el entonces ministro de Cultura Jaime de Aguirre, visitan la propiedad ubicada en Guardia Vieja, Providencia.
2. Septiembre de 2023: El Ministerio de Cultura solicita recursos a Hacienda para la compra del inmueble. Los fondos son aprobados en la Ley de Presupuestos para 2024.
3. Noviembre de 2023: Isabel Allende vota a favor de la partida presupuestaria que incluye los recursos para la casa, a pesar de ser copropietaria del inmueble junto a su sobrina, Maya Fernández.
4. Marzo de 2024: El Servicio Nacional de Patrimonio Cultural encarga el proyecto al abogado José Cortés, quien se reúne con Felipe Vio, representante de la familia Allende.
5. 2024: La transacción se detiene tras cuestionamientos legales y constitucionales que señalan un conflicto de interés por parte de las autoridades involucradas.
6. 3 de abril de 2025: El Tribunal Constitucional destituye a Isabel Allende por infringir el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a parlamentarios celebrar contratos con el Estado.
Este caso no solo marca el fin de una carrera parlamentaria de más de 30 años para Isabel Allende, sino que también deja al gobierno en una posición super incómoda, con críticas que apuntan a su falta de experiencia en temas tan importantes como lo que paso.
