“La política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos.”
Charles de Gaulle
La controversia generada por las más de 2.500 indicaciones anunciadas en torno a la megarreforma del Gobierno no es solo un episodio más de tensión parlamentaria. Es, más bien, una radiografía del momento político que vive Chile: un país atrapado entre la urgencia de avanzar y la tentación permanente de bloquear al adversario.
El diputado Jaime Araya defendió la presentación masiva de indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional argumentando que una reforma amplia, que involucra múltiples materias, debe ser revisada con detalle. En principio, ese argumento es legítimo. El Congreso no está para actuar como una notaría del Ejecutivo, ni para aprobar a ciegas proyectos extensos que pueden alterar normas relevantes para los próximos años. La deliberación parlamentaria existe precisamente para corregir, mejorar, limitar y representar.
El problema comienza cuando la herramienta legislativa se transforma en amenaza política. Una indicación puede ser una contribución seria al debate; 2.500 indicaciones anunciadas como señal de fuerza pueden parecer otra cosa: una estrategia de desgaste, una demostración de poder o, directamente, una maniobra para hacer inviable la tramitación. En política, las formas importan porque comunican intención. Y cuando la intención percibida es bloquear, la legitimidad del acto comienza a erosionarse.
Aquí está el punto de fondo: una cosa es fiscalizar y otra muy distinta es paralizar. Fiscalizar es revisar una norma para que no dañe a las personas. Paralizar es usar el reglamento como campo minado. Fiscalizar es representar a la ciudadanía. Paralizar es convertir al Congreso en una trinchera. Fiscalizar es mejorar una ley. Paralizar es impedir que cualquier ley avance solo porque viene del adversario.
El Gobierno también tiene responsabilidad. Las llamadas “megarreformas” suelen condensar demasiadas materias en un solo paquete, lo que facilita que la oposición denuncie falta de discusión, exceso de velocidad o concentración de poder legislativo en el Ejecutivo. Cuando un proyecto mezcla muchas agendas en una sola iniciativa, abre espacio para la crítica. Pero esa crítica debe transformarse en alternativa, no en bloqueo.
La oposición tenía una oportunidad política mayor: ordenar sus indicaciones, priorizar las más relevantes, comunicar una agenda de corrección y presentarse ante el país como una fuerza exigente, pero constructiva. Podía decir: “No vamos a dejar pasar una mala ley, pero tampoco vamos a bloquear soluciones para Chile”. Esa habría sido una posición más fuerte, más seria y más difícil de caricaturizar.
En cambio, el tono terminó devorando el fondo. La frase de Araya sobre una “manga de flojos” puede servir para encender a los propios, pero empobrece el debate público. El insulto moviliza, sí; pero también reduce la política a espectáculo. Y cuando se defiende una facultad institucional tan relevante como presentar indicaciones, el tono debería estar a la altura de la institución que se dice representar.
Ahora bien, nada de esto justifica las amenazas recibidas por el parlamentario. La crítica política puede ser dura, incluso implacable, pero jamás puede cruzar hacia el hostigamiento, la intimidación o la amenaza de muerte. La bancada PPD e Independientes denunció amenazas contra Araya tras la controversia por las indicaciones, y ese hecho debe ser condenado sin matices.
Aquí no puede haber doble estándar. No se puede defender la democracia solo cuando el amenazado pertenece al propio sector. La violencia política es inaceptable venga de donde venga, afecte a quien afecte y golpee al partido que golpee. Cuando la amenaza reemplaza al argumento, la democracia comienza a perder algo más que decoro: pierde seguridad, libertad y sentido de convivencia.
Chile necesita un Congreso que discuta, no uno que obedezca. Pero también necesita un Congreso que legisle, no uno que obstruya por cálculo. La diferencia es esencial. El Parlamento debe ser contrapeso, no barricada. Debe corregir al Gobierno, no impedir que el país funcione. Debe representar a las regiones, a las familias, a las pymes y a la clase media, no convertir cada proyecto en una batalla simbólica para ganar titulares.
La pregunta no es si el Gobierno debe tener vía libre. No debe tenerla. La pregunta tampoco es si la oposición tiene derecho a presentar indicaciones. Lo tiene. La verdadera pregunta es otra: ¿esta discusión mejora la vida de las personas?
Si la respuesta es sí, entonces las indicaciones cumplen su función democrática. Si la respuesta es no, entonces estamos frente a otro capítulo de una política que confunde deliberación con bloqueo, oposición con obstrucción y liderazgo con estridencia.
Chile no necesita parlamentarios que renuncien a fiscalizar. Pero tampoco necesita legisladores que hagan del bloqueo una identidad. En tiempos de urgencia social, inseguridad, endeudamiento, incertidumbre económica y cansancio ciudadano, legislar no puede ser una guerra de trincheras.
Legislar debe ser un acto de responsabilidad pública. No se trata de facilitarle la vida al Gobierno. Se trata de no hacerle más difícil la vida a Chile y los Chilenos.
En El Sol de Iquique creemos en estar siempre del lado de la gente y con los ojos bien abiertos sobre quienes toman decisiones. Pero también somos un medio pluralista: las opiniones que aquí se publican son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan lo que piensa este medio.
