Por FRANCISCA CABELLO IRIARTE
El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, resultó vincular con antecedentes que entregó al fiscal nacional, Sabas Chahuán, a la empresa pesquera Corpesca con la arista SOQUIMICH (SQM) del tan bullado “Caso Penta”. Es así como comienza, lo que ya lleva dos años siendo un secreto a voces pero que hasta ahora, no había tenido tanta cabida.
Para contextualizar, el 2010 el ex presidente, Sebastián Piñera, le pidió a su entonces Ministro de Economía, Pablo Longueira, que se tipificara una ley para una redefinición del manejo del recurso, de ahí la Ley Longueira.
Esta legislación entregaría licencias de pesca, es decir, dar permisos a las principales familias que están insertas en la industria pesquera: Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo, Cruz y Angelini; Esta última ha dado bastante material a la prensa últimamente, ya que Corpesca está siendo acusada de haber entregado boletas a políticos por servicios que nunca se realizaron.
El oficialismo tomó cartas en el asunto y el ministro de economía, Luis Felipe Céspedes, firmó el 28 de abril un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ente que revisará esta ley para verificar si se cumplen las buenas prácticas internacionales del sector tanto pesquero como agrícola, estudio que tendrá sus resultados en diciembre.
La política siempre ha estado en constante cuestionamiento, y es que de alguna u otra manera se debe sustentar todo lo que implica ser un político. Los endeudamientos están latentes siempre en la vida de estos candidatos a un sitial del congreso, ya que no existe ningún organismo legítimo que beneficie económicamente a estos personajes, por lo menos no legal, pero se descubrió la forma que tienen ellos para gastar tanto dinero en sus campañas.
¿Por qué las pesqueras donarían dinero tan voluntariamente para sustentar las campañas políticas?
La ex diputada Marta Isasi y el senador Jaime Orpis, ambos de la I Región de Tarapacá, actualmente son acusados de cohecho por haber recibido fondos de 25 millones para ella y más de 124 millones para él, por la empresa Corpesca en plena discusión para aprobar o no la Ley de Pesca.
Pero ¿Por qué las pesqueras donarían dinero tan voluntariamente para sustentar las campañas políticas? Por las licencias transables que otorga Sernapesca y que están incluidas en esta ley, las cuales son hasta 20 años renovables.
La Ley de Pesca busca regular la explotación de un bien renovable y el proceso productivo de la pesquería en general, para esto se vale de normativas y reglamentos para el cuidado y mantención del recurso marino, tales como:
– resguarda el periodo de veda: con el propósito de no perjudicar la transición del desove y mantener el recurso.
– Cuota de pesca: Fijación de cuotas anuales de captura por especie en un área determinada.
Los principales productos extraídos del mar jurisdiccional del norte es la Anchoveta, en la primera región extraen 450 mil toneladas que tienen como destino la harina de pescado (producto exportador de Corpesca) la cual es utilizada como complemento para productos alimenticios (pellet). Más al sur (VII y VIII región) se caracterizan por la extracción de jurel con más 300 mil toneladas y en la zona austral, está en manos de la pesquera artesanal.
Pero bajo la visión del pescador artesanal esta ley debería ser derogada. El vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Condep), Hernán Machuca, cree que estos dos nombres (Isasi y Orpis) no serían los únicos que participaron en esta repartición de fondos con el fin de aprobar una ley que sólo beneficia a las familias más poderosas de Chile.
Al fin y al cabo esta problemática está siendo producto del árbol viciado, ya que además de su aprobación bajo el alero de soborno, es una legislación que entrega a perpetuidad este producto marino pero, ¿Por qué a sólo siete familias? ¿Por qué no a los pescadores de mediana y baja capturación? ¿Están teniendo cada vez más influencia estas personas en el congreso?
