Así lo dio a conocer Juan Garcés, Presidente del Sindicato de Profesores CORMUDESI, quien acusa que el Alcalde y las jefaturas, hacen caso omiso a las denuncias reiteradas de los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique.
Una serie de denuncias ha generado al caso del directivo del departamento de Educación Municipal, quien es acusado por presunto acoso y hostigamiento laboral a 16 funcionarias y funcionarios, los presuntos hechos, que fueron desestimados por la CORMUDESI tras un sumario administrativo, llevó a que dirigentes del Sindicato de Profesores de la corporación, irrumpieran en el pasado consejo municipal.
En este sentido, el Presidente del Sindicato de Profesores CORMUDESI señaló: «En cuanto al Alcalde y la Secretaría General de la CORMUDESI, no han adoptado medidas adecuadas para prevenir conductas vulneratorias que de las garantías fundamentales de los docentes, ni tampoco medidas para prevenir la reiteración de hechos que ya han ocurrido en la misma; valga señalar que ni siquiera se cuenta con protocolos específicos al respecto”, destacó.
Agregando que, la corporación dependiente del municipio iquiqueño, ha tenido que desembolsar millonarias sumas de dinero: “Es así en diversas ocasiones la CORMUDESI ha sido condenada por tribunales o ha debido llegar a acuerdos en los que debe indemnizar a trabajadores por vulneración de sus garantías fundamentales, es así como desde el año 2009 a la fecha, ha debido pagar por estos conceptos una suma aproximada de 73 millones de pesos, sin considerar las multas que ha debido pagar por concepto de otras vulneraciones acreditadas mediante fiscalizaciones de la Inspección del Trabajo las que ascienden a la suma de 140 millones en multas desde el año 2016 al 2020, antecedentes que son de público conocimiento”.
Además, el dirigente cuestionó el actuar la de CORMUDESI: “La pregunta es cómo es posible que CORMUDESI siendo un ente que se financia con fondos públicos cuyo destino está establecido por ley, tenga que distraer esos fondos para atender el pago de indemnizaciones y multas por la ineficacia en el cumplimiento de las normas laborales. Además de preguntarnos de por qué el Alcalde y las jefaturas, hacen caso omiso a las denuncias reiteradas de los trabajadores, bajos sumarios totalmente irregulares, que precisamente fuerzan a los afectados a tener que recurrir a la autoridad fiscalizadora, dícese Dirección del Trabajo, o judicial, es decir, Tribunales Laborales», finalizó Garcés.
