• Los principales temas de mediación durante este periodo fueron contratos de arriendo, promesas de compraventa, y contratos de prestación de servicios; mientras que las industrias más frecuentes se vinculan al e-commerce, al área de la construcción, y ámbito inmobiliario.
Durante el primer trimestre de 2021 las mediaciones ingresadas al Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se duplicaron respecto del mismo periodo del año anterior, con 25 ingresos versus 11 en los tres primeros meses de 2020.
Entre la multiplicidad de materias que aumentaron durante este trimestre se encuentran temas inmobiliarios con una representación de 36% del total, particularmente contratos de promesa de compraventa, así como problemáticas en el ámbito de la construcción -contratos a suma alzada- con un 12%, y conflictos de consumidores en un mismo porcentaje -principalmente asociados a compras por e-commerce-, entre otros.
Para Soledad Lagos, Jefa de la Unidad de Mediación del CAM, “el Centro se ha convertido en una posibilidad concreta y adecuada, para solucionar conflictos entre dos o más partes sin tener que llegar a tribunales, considerando la paralización del sistema judicial, en el ámbito civil, provocado por la pandemia”.
En efecto, la necesidad de acceso a la justicia, y los efectos de la pandemia en la tramitación de los tribunales, gatilló que el Ejecutivo anunciará dentro de la nueva Reforma Procesal Civil un proyecto de ley de mediación que incorpora una Unidad de Mediación dentro del Poder Judicial, lo que permitirá fomentar de manera colaborativa la resolución de conflictos en materia civil y comercial.
El CAM realiza mediaciones en materia civil y comercial desde el año 1997, y actualmente cuenta además con el Programa de 1.000 mediaciones en línea gratuitas para causas inferiores a 3.000 UF, iniciativa surgida en pandemia y que ha permitido el ingreso de nuevos casos sin ningún costo para las partes, a cargo de mediadores imparciales y debidamente capacitados.
Este Programa fue impulsado junto al Ministerio de Economía, especialmente pensando en la crisis sanitaria, que ha derivado en incumplimientos de obligaciones contraídas en contratos de servicios, compra de bienes, entre otros, situaciones que de no contar con esta herramienta no habrían tenido una solución, o bien, habrían terminado en un caso judicializado, con un alto costo, y desgaste de tiempo para las partes involucradas, deteriorando las relaciones comerciales y contractuales.
