[Foto: ElDeber.bo]
La Fiscalía abrió de oficio una investigación por las presuntas lesiones sufridas por los nueve ciudadanos bolivianos que se mantienen detenidos en la cárcel de Alto Hospicio acusados de robo con intimidación, porte ilegal de armas y contrabando.
La investigación se encuentran a cargo de la fiscal jefe de Alto Hospicio, Virginia Aravena, a quien se le asignó la causa después de la audiencia de formalización de los imputados registrada el 24 de marzo pasado. En esa ocasión, la defensa de los detenidos hizo presente ante el tribunal las agresiones de que habrían sido objeto sus representados.
Aunque el Ministerio Público evitó pronunciarse sobre la investigación y sus avances, fuentes ligadas al caso confirmaron, que una de las últimas diligencias se concretó durante el interrogatorio practicado a los nueve bolivianos, donde fuera de ser interrogados como imputados declararon paralelamente como víctimas ante la fiscal Aravena.
La indagación también involucra una arista relacionada con el extravió de pertenencias de los bolivianos, tales como, un Ipad, notebooks, celulares y otras especies.
OEA
Tras el anuncio del gobierno de Bolivia de recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA) por las supuestas torturas que habrían sufrido los dos militares y los siete aduaneros, el abogado defensor Claudio Vila, señaló que – efectivamente – fueron agredidos por funcionarios de Carabineros y un grupo de civiles que se encontraba junto a los camioneros.
“Fueron golpeados por un número muy superior de personas, cerca de 30 aproximadamente, que llegaron al lugar a recuperar el camión que había sido decomisado con productos de contrabando. Incluso, uno de ellos, los agredió con una llave inglesa, lo que originó que uno de mis representados terminara con un corte en la frente y otro con una lesión en uno de sus antebrazos. Derechamente, hablamos de violencia innecesaria, donde los funcionarios policiales no sólo no hicieron nada para detenerlos, sino que además, los golpearon, insultaron y amenazaron de muerte”, indicó Claudio Vila.
A juicio del abogado defensor de los funcionarios bolivianos la actitud de Carabineros, amerita ser investigada. “Deberíamos presentar una querella por las lesiones y las amenazas de muerte. El accionar de los funcionarios policiales no correspondía, debieron haber actuado cuando mis representados eran agredidos por los civiles ni tampoco correspondía la violencia que aplicaron en el procedimiento. Los nueve funcionarios públicos boliviano se identificaron, mostraron sus credenciales y les explicaron el procedimiento que llevaban a cabo, sin que esos antecedentes fueran tomados en cuenta”, dijo el defensor.
