La reciente revelación de la conversación interceptada mediante medidas intrusivas, entre Miguel Crispi, exjefe del Segundo Piso de La Moneda, y su madre Claudia Serrano, donde señala presiones ejercidas por la exsenadora Isabel Allende para acelerar la compra de la casa de Salvador Allende, expone con crudeza no solo un nuevo capítulo de descomposición ética en la administración pública, sino también las profundas grietas que afectan al oficialismo chileno, especialmente al Partido Socialista (PS).
Lo alarmante no es solo el contenido de la conversación —donde Crispi acusa que Allende “llamó hasta al portero del Ministerio Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad…” para forzar la operación— sino el contexto: el gobierno de Boric ya enfrentaba una crisis de credibilidad, producto de los escándalos vinculados a fundaciones como Democracia Viva y ProCultura, en los que más de 2.000 millones de pesos están siendo investigados por presuntos delitos de corrupción.
Este «hallazgo casual relevante», como lo calificó la Brigada Anticorrupción de la PDI en el Informe Policial N°14, no es menor. A partir de esta escucha, el Ministerio Público abrió una investigación por posible tráfico de influencias, un delito grave contemplado en el artículo 240 bis del Código Penal, cuya sanción puede llegar hasta cinco años de cárcel.
Estimados lectores somos testigos del fracaso de la “nueva política”, el Frente Amplio y el Partido Socialista, aliados en el actual gobierno, promovieron en su momento la promesa de una “nueva política”, más ética, transparente y ciudadana. Sin embargo, lo que la evidencia muestra es otra cosa: gestiones irregulares para favorecer intereses familiares, omisión de inhabilidades legales y una alarmante mezcla entre negocios privados y decisiones públicas que se alejan sin duda de las bases del marxismo crítico.
Lo que nos deberíamos preguntar como sociedad es ¿Podría alguien con responsabilidad política justificar este nivel de intervención en un proceso de adquisición estatal? Más grave aún es que las propias figuras históricas del socialismo, aquellas que deberían defender la probidad a ultranza, sean ahora protagonistas de este tipo de escándalos.
Hemos sido testigos de la autodegradación de las fuerzas de Izquierda en Chile, el Partido Socialista, otrora referente ético de la izquierda chilena, parece haber quedado reducido a una maquinaria burocrática atada a pequeños intereses familiares y patrimoniales. Isabel Allende, lejos de comportarse como la heredera política de los valores republicanos de su padre, arrastra ahora la imagen de un partido que no solo cayó en las mismas prácticas que antes condenaba, sino que las perfeccionó, renunciando a la “vía revolucionaria al Chile nuevo” de su padre.
La falta de autocrítica ha sido brutal. Hasta el cierre de esta columna, ni el PS ni el Gobierno han ofrecido una explicación pública sólida que despeje las sospechas. No es extraño entonces que, según la última encuesta Cadem (abril 2025), el 72% de los chilenos perciba al oficialismo como “desconectado” de las prioridades ciudadanas y un 65% considere que “hay corrupción en el entorno presidencial”.
Estimados lectores, hemos sido testigos de la decadencia de la confianza en el estado, la gravedad de los hechos no se limita al daño reputacional: erosiona la ya frágil confianza pública en las instituciones democráticas. Cada escándalo que se destapa y no se sanciona debidamente refuerza el cinismo ciudadano, el abstencionismo electoral y la radicalización política, una mirada que es responsabilidad de la izquierda, pero que desde la intelectualidad de la izquierda les cuesta entender desde la comodidad de un escritorio.
No puede haber “contexto familiar” que justifique una conversación, madre e hijo (Serrano – Crispi), donde se insinúa tráfico de influencias, que habría realizado la senadora Isabel Allende, para concretar rápidamente la venta de la casa de Guardia Vieja. No puede haber “sacadas de contexto” cuando la integridad pública está en juego. Y no puede haber impunidad para quienes instrumentalizan la memoria histórica —como la figura de Salvador Allende— en beneficio propio.
Estimados lectores, el desafío inmediato, es que la Fiscalía debe actuar con total independencia y rapidez. Y el Gobierno, si quiere sobrevivir políticamente, debe cortar de raíz cualquier intento de proteger a involucrados o relativizar los hechos. La limpieza institucional no puede ser selectiva.
La historia enseña que los gobiernos no caen solo por los errores, sino por su incapacidad de detectarlos, reconocerlos y corregirlos. El caso Crispi-Allende podría ser el punto de inflexión para un oficialismo que, hasta ahora, parece más interesado en blindarse que en gobernar para todos.
Porque no hay «nueva política» si la vieja corrupción sigue mandando en los pasillos del poder.
Terminaré esta columna citando al militar, escritor y político Winston Spencer Churchill, quien dijo: “Un hombre hace lo que debe, a pesar de las consecuencias personales, a pesar de los obstáculos, peligros y presiones; y eso es la base de la moral humana”.
Un gobierno carente de moral inevitablemente erosiona el respeto ciudadano hacia las instituciones. Y cuando un gobierno pierde su integridad y una sociedad civil deja de respetar la autoridad legítima, el resultado es ineludible: una profunda crisis social.
