FELIPE ROJAS ANDRADE/Abogado
Luego que los 9 bolivianos detenidos en la frontera fueran condenados por los delitos de robo con intimidación y contrabando, y que, debido al rango de las penas y por su conducta irreprochable anterior se les sustituyera la pena por expulsión, prohibiéndose su ingreso a Chile por 10 y 20 años, estos ciudadanos extranjeros ya se encuentran en su país.
Respecto a la condena dictada por el tribunal de Pozo Almonte, no queda más que reconocer el buen trabajo que realizó el Ministerio Público junto a las policías en la persecución de los delitos cometidos, tanto por su celeridad, y, por sobre todo, por su independencia al tratar un tema que sin lugar a dudas se mantuvo todo el tiempo con un alto nivel de exposición y presión.
Ahora bien, lo preocupante ha sido la señal que las autoridades bolivianas han enviado con el respaldo a estos condenados, apoyo público que han hecho el senado del país vecino y el mismo presidente Evo Morales. Es delicado ya que el mensaje que se le envía a los funcionarios públicos bolivianos que trabajan en la frontera es que no importa el delito que cometan ya que van a ser defendidos y recibidos como mártires de una supuesta opresión Chilena.
El peligro, a mi parecer, es que con esta actitud de Bolivia no terminarán los delitos que se cometen a diario en la frontera, incluso por funcionarios del estado, soldados, policías y funcionarios públicos en general, ¿qué queda para un ciudadano común y corriente boliviano?. Finalmente esta contienda emprendida por tener soberanía en las costa de Pacífico, está generando un problema más allá de lo diplomático, y esto afecta directamente a la región de Tarapacá, no veo poner el acento en esto a los parlamentarios y menos a las autoridades de gobierno, cuestión que desgraciadamente no está en prioridad hoy en día.
