La Empresa Portuaria de Iquique tiene re pocas operaciones desde los daños que sufrió el terremoto del 1° de abril del 2014, pero al diputado Ramón Alberto (para los amigos) Galleguillos, la EPI se ha convertido en una suerte de inmobiliaria que “concesiona las áreas que se encuentran bajo su administración, recibiendo millonarios recursos”.
Antes estas dudas Galleguillos pidió a la Contraloría General de la República investigar los procesos de licitación que ha desarrollado la Empresa Portuaria desde noviembre del 2016, determinar si cumplen con los estándares de probidad y transparencia y, además que se ejecute una revisión de las tarifas que se aplican a las empresas de muellaje que operan en el puerto de Iquique.
CONCESION
El parlamentario iquiqueño le han surgido una serie de dudas en torno al proceso de licitación denominado “Concesión Área para Depósito de Contenedores, sector 7 y 12”, que se encuentra en etapa de adjudicación.
“De acuerdo a los antecedentes que poseo, se trata de una licitación privada y lo más paradojal, es que la Empresa Portuaria Iquique buscaría cambiar la calificación de los sitios licitados pasando de zona primaria a régimen general, cuando es conocida la necesidad que existe de contar con más espacios de zona primaria para el desarrollo de operaciones portuarias. Esto hace presumir que esa licitación pueda estar hecha a la medida para un proveedor específico, dejando fuera a otros oferentes”, dijo fuerte y claro Ramón Alberto.
INFORMACION
Para el diputado de Tarapacá no existe información pública de los procesos y, además una revisión integral a las tarifas que se cobran a las empresas de muellaje que operan en el puerto.
“En su página web sólo es posible conocer los procesos hasta noviembre del 2016, pero ha habido otros desde esa fecha. Es necesario saber cuáles son, a quiénes han sido adjudicados, recursos comprometidos y los criterios de selección, sobre todo cuando se trata de licitaciones privadas. Para nadie es misterio que EPI – prácticamente – no tiene operación portuaria, pero sí está transformada en una suerte de empresa inmobiliaria que concesiona las áreas que se encuentran bajo su administración, recibiendo millonarios recursos. Los habitantes de Tarapacá necesitamos saber cuáles son las licitaciones, quiénes se las adjudican y en qué se invierten esos recursos”, sentenció.
