julio 12, 2024
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Abr

Procurador boliviano, Pablo Menacho presentó recurso de amparo por detenidos en cárcel de Alto Hospicio

El procurador del Estado boliviano, Pablo Menacho, presentó en la Corte de Apelaciones de Iquique, un recurso de amparo para conseguir la libertad de los nueve bolivianos detenidos el 19 de marzo en la frontera con ese país.

Los nueve funcionarios, dos militares y siete empleados de Aduanas del vecino país se encuentran detenidos en la cárcel de Alto Hospicio, bajo los cargos de robo con violencia e intimidación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego y contrabando. Se fijó un plazo de 120 días para la investigación.

Menacho llegó hasta tribunales acompañado del abogado Claudio Vila, quien lidera el equipo de profesionales que trabaja en Chile en la causa. El recurso de amparo busca declarar ilegal la detención de los dos militares y los 9 aduaneros que fueron aprehendidos el 19 de marzo de pasado, en la zona fronteriza de Panavinto (Colchane), los cuales fueron formalizados por el Ministerio Público por los cargos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas.

El Procurador boliviano, insistió que los detenidos al momento de ser aprehendidos luchaban contra el delito de contrabando. “Ellos estaban haciendo su trabajo en calidad de empleados públicos de Bolivia y este tipo de temas debieran ser tratados entre los Estados, eso es lo que se acostumbra y no haberlos remitido a instancias judiciales. Estamos buscando que ellos recuperen su libertad en forma inmediata”, subrayó.

“Los cargos que se presentaron son absolutamente inconsistentes. Se les acusa de contrabando y los vehículos incautados corresponden a la Aduana Nacional de Bolivia. Luego, se habla de robo y lo que estaban haciendo es confiscar mercadería de contrabando que es un delito perseguido por distintas naciones. Las mismas personas presentadas como víctimas por la fiscalía declararon que transportaban productos que eran de contrabando. Esperamos que esto se resuelva en el más breve plazo y de la forma en que siempre debió haber sido”, sentenció.

Además, en las últimas horas los abogados de los familiares de los detenidos interpusieron una acción judicial en contra del fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres y un funcionario de Carabineros, por falta penal, basados en que no se denunció a los camioneros que actualmente aparecen como víctimas en la causa, pero que a juicio de Bolivia cometían el delito de contrabando.

La Corte de Apelaciones de Iquique debiera pronunciarse en las próximas 48 horas sobre la admisibilidad del recurso de amparo y pedir un informe al juzgado de garantía de Pozo Almonte, tras lo cual se desarrollará una audiencia para escuchar los alegatos de las partes.

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