El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva controversia tras la publicación de la Resolución 187/2025 por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este documento oficial utiliza términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para clasificar a personas con discapacidad intelectual en función de su coeficiente intelectual (CI).
La resolución ha generado un amplio repudio de organizaciones de derechos humanos, especialistas en discapacidad y sectores políticos opositores, quienes la califican como un retroceso inadmisible en materia de derechos fundamentales, según consigna el diario La Voz del Interior.
La Resolución 187/2025 divide a las personas en tres grupos según su CI: de 0 a 30 («idiota»), de 30 a 50 («imbécil») y de 50 a 60 («débil mental profundo»). Además, asocia estas categorías con supuestas limitaciones funcionales, como la incapacidad para leer, manejar dinero o realizar tareas básicas. Esta terminología contradice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina en 2008.
Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) han condenado el documento, señalando que su lenguaje refuerza estereotipos y vulnera el principio de dignidad. María Verónica Reina, directora ejecutiva de Disability Rights International, declaró: «Estas categorías son propias del siglo XIX, no de un Estado que debe garantizar derechos».
La designación de Diego Spagnuolo, exabogado personal del presidente, al frente de la ANDIS ya había generado escepticismo por su falta de experiencia en políticas de discapacidad. Su vinculación con Milei alimenta críticas sobre el nepotismo y la politización de organismos técnicos.
Mientras organizaciones preparan acciones legales para impugnar la resolución, el silencio del oficialismo profundiza la crisis. La administración Milei, que suele defender sus medidas bajo el lema de «eficiencia estatal», ahora debe responder por un documento que, lejos de modernizar el Estado, lo ancla en el pasado más oscuro.
