Abogada de la Universidad Arturo Prat y ex SEREMI de Seguridad Pública de la Región de Tarapacá.
Mañana se cumple un año desde que el compromiso del Presidente Gabriel Boric con el país se hizo realidad: la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública, tras 18 años de espera en el Congreso. Esta nueva institucionalidad no fue un mero cambio de nombre, sino una reforma estructural diseñada para enfrentar, con herramientas civiles y técnicas, el desafío más urgente de nuestra democracia.
Como primera SEREMI de Seguridad en Tarapacá, asumí la tarea de instalar esta institucionalidad desde cero. El 1 de abril de 2025 comenzamos a operar con un equipo profesional dedicado exclusivamente a coordinar la seguridad y la prevención del delito. No heredamos una oficina; construimos un sistema regional de seguridad pública.
Nuestra gestión dejó una hoja de ruta clara y resultados concretos. Implementamos por primera vez la Política Nacional contra el Crimen Organizado en la región, alcanzando un 100% de cumplimiento en las acciones priorizadas para combatir el contrabando, el narcotráfico y la extorsión durante 2025. Bajo el Plan Calles Sin Violencia, diseñamos una intervención estratégica para contener el alza de homicidios, priorizando sectores críticos como el Centro Norte de Iquique y la población Raúl Rettig en Alto Hospicio.
Trabajamos junto a los barrios comerciales de Sercotec, impulsando el emprendimiento como barrera ante el delito; participamos activamente en los Patios Culturales y acompañamos a alcaldes y Carabineros en la implementación de los patrullajes mixtos, una iniciativa que transformó la forma de vigilar nuestras calles. Los números respaldan este esfuerzo: durante mi gestión —primero como Coordinadora de la Subsecretaría de Prevención del Delito y luego como SEREMI— avanzamos en la instalación de una fuerza de tarea contra el robo de cables y fortalecimos la coordinación con programas clave como Lazos, Apoyo a Víctimas, Somos Barrio y Somos Barrio Comercial. Además, consolidamos un sistema integrado de fiscalización que permitió recuperar espacios públicos relevantes en Iquique y Alto Hospicio.
En los últimos cuatro años, Tarapacá logró un hito histórico al quebrar la tendencia al alza de los homicidios, reduciéndolos en un 70%. En comparación con 2021, los ingresos irregulares disminuyeron en más de un 50%, gracias al incremento del 16,8% en el presupuesto de seguridad. Este fortalecimiento permitió crear fuerzas de tarea estratégicas, como el equipo ECOH, y adquirir nuevas tecnologías de análisis balístico y control migratorio. Estas herramientas fueron fundamentales para devolver tranquilidad a las y los tarapaqueños.
Sin embargo, a un año de ese impulso, observo con preocupación cómo la conducción institucional en seguridad parece navegar a la deriva. La actual administración ha abandonado el rigor técnico-político, desempolvando una “doctrina del shock” que no se condice con sus acciones. Mientras instalaba una narrativa de emergencia, el nuevo gobierno tardó casi dos semanas en nombrar a sus seremis, dejando a las regiones sin conducción política.
La selección de autoridades también inquieta: una mayoría de exuniformados y exfiscales, algunos con sumarios pendientes por hechos graves. Esta decisión tensiona el principio de conducción civil de las fuerzas de seguridad y pone en duda la autonomía del Ministerio Público. A ello se suman señales opacas, como la destitución de la subdirectora de inteligencia de la PDI y anuncios de recortes por 72 mil millones para planes como Calle Sin Violencia y Crimen Organizado. Una reunión express con la DIPRES intentó desmentir estos ajustes, salvando una semana más a la cuestionada Ministra de Seguridad, pero el manto de dudas persiste.
La seguridad pública no puede gobernarse bajo la lógica del ensayo y error. El gobierno de Kast debe dejar de improvisar con una institucionalidad que costó años instalar. La Ministra Steinert debe abandonar las disputas de poder y trabajar por la ciudadanía, que no puede esperar. La protección de las personas requiere un mando técnico que garantice interoperabilidad, presencia territorial y continuidad estratégica, no una administración que renuncie a la gestión para limitarse a una práctica meramente policial.
El Ministerio de Seguridad nació para ser vanguardia, no para convertirse en una caja de resonancia de prácticas que ponen en riesgo lo avanzado.
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