El alcance del proyecto también podría incluir a condenados por delitos comunes especialmente graves. Entre ellos figura Julio Pérez Silva, conocido como el psicópata de Alto Hospicio, sentenciado a presidio perpetuo por el secuestro, violación y homicidio de varias adolescentes en la Región de Tarapacá.
El proyecto impulsado por los senadores Francisco Chahuán, Iván Moreira, Luz Ebensperger, Enrique van Rysselberghe y Felipe Kast abrió una fuerte controversia tras su aprobación en general en la Cámara Alta. La iniciativa busca permitir que personas condenadas a penas privativas de libertad puedan acceder a reclusión domiciliaria total en casos de edad avanzada, enfermedades terminales o discapacidad severa.
La discusión escaló porque el texto no excluye a condenados por delitos de lesa humanidad ni a autores de crímenes violentos de alta connotación. Según advirtió el propio Gobierno, la redacción actual podría permitir que Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado en más de cien causas por violaciones a los derechos humanos, solicite el beneficio si cumple los criterios establecidos. Krassnoff acumula más de 1.000 años de condena por secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la dictadura.
PSICOPATA
El alcance del proyecto también podría incluir a condenados por delitos comunes especialmente graves. Entre ellos figura Julio Pérez Silva, conocido como el psicópata de Alto Hospicio, sentenciado a presidio perpetuo por el secuestro, violación y homicidio de varias adolescentes en la Región de Tarapacá. Aunque el proyecto no menciona casos específicos, la ausencia de exclusiones explícitas abre la posibilidad de que, en el futuro, Pérez Silva pueda solicitar un cambio de régimen si llegara a cumplir los requisitos de edad o condición médica.
El presidente Gabriel Boric calificó la aprobación en general como un retroceso en materia de derechos humanos y advirtió que la iniciativa podría contravenir obligaciones internacionales asumidas por Chile. Organizaciones de víctimas y agrupaciones de derechos humanos también manifestaron preocupación por el eventual impacto en la condena histórica a los crímenes de la dictadura y por la posibilidad de que criminales de alta peligrosidad accedan a beneficios carcelarios.
El proyecto continuará su tramitación con la presentación de indicaciones, donde se definirá si se incorporan exclusiones específicas para delitos de lesa humanidad y crímenes violentos. El debate se concentra ahora en si la medida debe entenderse como un acto humanitario acotado o si, tal como está redactada, abre una puerta demasiado amplia para condenados por hechos de extrema gravedad.
