RODRIGO LONGA T.
Mientras Chile lidia con la crisis de las licencias médicas falsas, un caso en Tarapacá revela las grietas del control interno y la lentitud de los procesos administrativos. La Contraloría Regional decidió abstenerse de pronunciarse sobre el director del SERVIU sorprendido en redes sociales participando en un show musical… mientras estaba con licencia médica.
Con el nombramiento de Patricia Huerta como nueva Fiscal para retomar el sumario al director de SERVIU Juan Pablo Sepúlveda Rosso, frente al escándalo nacional por las licencias médicas fraudulentas sumó un nuevo y llamativo episodio en la región de Tarapacá. Mediante el oficio N° E45532/2025, la Contraloría Regional resolvió abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre el caso del entonces director subrogante y actual director del SERVIU, Juan Pablo Sepúlveda Rosso. ¿La razón? Sepúlveda fue denunciado por sus propios funcionarios tras ser sorprendido tocando guitarra y cantando en un bar de Iquique, el 29 de marzo de 2024, mientras se encontraba con licencia médica por reposo total entre el 21 de marzo y el 10 de abril de ese mismo año.
Las imágenes del episodio fueron publicadas por la propia banda en su cuenta de Instagram @mr_mustard_band, muestran a Sepúlveda interpretando “Can’t Buy Me Love” de The Beatles en el Jardín del Jolgorio, al frente de la banda tributo Mr. Mustard, según señala contraloría. Tras conocer las imágenes, la situación fue rápidamente denunciado por la asociación de funcionarios del SERVIU, que además alertó sobre un supuesto acceso indebido del funcionario a plataformas de Contraloría, acusación que, sin embargo, fue desestimada en la investigación.
En su informe, Contraloría confirmó que Sepúlveda estuvo con licencia médica de tipo 1 (reposo total) durante los periodos del 21 de marzo al 10 de abril y del 16 de abril al 3 de mayo de 2024, según consta en los formularios de licencias médicas, enviados por el servicio a la investigación. Sin embargo, pese a lo grave del caso, el organismo explicó que no puede pronunciarse mientras exista un sumario administrativo en curso.
COMPIN
Otra arista clave es entender por qué el propio SERVIU no notificó oportunamente a la COMPIN, tal como lo exige la normativa vigente, una vez que tuvo conocimiento del incumplimiento de la primera licencia médica. Asimismo, resulta fundamental saber qué acciones disciplinarias está evaluando actualmente la fiscal designada o el servicio respecto de los funcionarios responsables de no haber cumplido con esta obligación formal de informar.
Y aquí surge el verdadero problema: el sumario quedó prácticamente paralizado por meses. Según detalla Contraloría, el fiscal designado originalmente, Alexis Jonathan Pizarro Álvarez, se inhabilitó formalmente el 2 de septiembre de 2024, debido a su dependencia jerárquica directa con el Director Sepúlveda. Desde entonces, no se realizaron diligencias ni avances en la investigación, y recién en marzo de 2025 —es decir, siete meses después— se retomaron gestiones para nombrar a un nuevo fiscal, lo que recién se concretó en mayo, más de un año y dos meses después de que se conocieran los hechos, nombrándose como nueva fiscal Patricia Huerta. Más preocupante aún, el caso ni siquiera había sido notificado a la COMPIN, entidad encargada de fiscalizar las licencias médicas, lo que deja entrever que los recursos pagados durante ese período no fueron reintegrados al erario público tras la denuncia, sumando un impacto económico al daño institucional.
La controvertida llegada de Sepúlveda a la dirección del SERVIU se anunció mediante un escueto comunicado oficial el 11 de julio de 2024, confirmando su nombramiento como director subrogante. Según fuentes internas del servicio, la salida del anterior director, Patricio Altermatt, no estaría relacionada con los bajos avances de ejecución —solo un 27,18% en viviendas finalizadas—, sino más bien con un sumario administrativo iniciado por el propio Altermatt contra Sepúlveda, tras conocerse las denuncias de sus subordinados. Esto lleva a preguntarse si estos hechos han sido finalmente validados por el Estado, funcionando en la práctica como una especie de “permiso con goce de sueldo”, financiado, por supuesto, con recursos de los contribuyentes.
Tras la salida de Altermatt, el sumario no tuvo avances, a inicios de 2025 Sepúlveda fue nombrado director titular del SERVIU Tarapacá a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), pese a tener sumarios administrativos abiertos, desestimando aparentemente las restricciones legales para tales nombramientos. A esto se suma que Sepúlveda, según fuentes del propio servicio sigue implicado en otro sumario por faltas administrativas graves, lo que mantiene al servicio bajo un manto de incertidumbre y cuestionamientos públicos.
Un problema que golpea directo al bolsillo de todos
El caso de Tarapacá es solo la punta del iceberg de una crisis nacional. Según cifras del Ministerio de Salud, en 2024 se pagaron más de $2,1 billones en subsidios por licencias médicas, mientras crece la preocupación por la emisión de licencias falsas y los médicos que las otorgan en serie. Aunque el gobierno ha anunciado planes para endurecer la fiscalización, expertos advierten que el problema no se resuelve solo vigilando a los médicos: también es clave fortalecer el control sobre los propios funcionarios públicos.
Que ocurre con los fondos de salud si los servicios no informan oportunamente a la COMPIN, cuando toman conocimiento del incumplimiento de la licencia médica, lo que indica que puede venir abalado, por jefaturas, amiguismos o lealtades políticas.
Contraloría: ¿un rol demasiado pasivo?
Mientras la ciudadanía exige respuestas, la Contraloría local explica “debiendo este Organismo de Control abstenerse, por ahora, de emitir un pronunciamiento, conforme lo señalado en los dictámenes N os 28.535, de 2017, y 68.136, de 2014, de la Contraloría General” señala en el informe E45532/2025. Sin embargo, organizaciones sociales cuestionan si esta actitud pasiva no termina legitimando los abusos. Después de todo, la Contraloría no solo tiene la función de vigilar, sino también de presionar para que las instituciones cumplan. Abstenerse puede ser legal, sí, pero políticamente es una señal débil en materia de gestión pública.
SERVIU guarda silencio ante las preguntas clave que siguen sin respuesta
Frente a los antecedentes revelados en esta investigación, surgen preguntas inevitables: ¿Considera la Dirección del SERVIU que su actual director, Juan Pablo Sepúlveda, ¿puede seguir ejerciendo su cargo con probidad y autoridad moral mientras está bajo investigación administrativa por incumplimiento de licencia médica y otros sumarios? ¿Qué mensaje se envía a los funcionarios del servicio respecto al respeto de las normas internas y la ética institucional? ¿Ha considerado el propio Sepúlveda presentar su renuncia mientras se aclaran los hechos, para evitar dañar aún más la imagen del SERVIU y del gobierno? Y finalmente, ¿con qué respaldo político cuenta actualmente por parte del Ministerio de Vivienda (MINVU) para mantenerse en el cargo en medio de este escándalo público?
Consultado por este medio, desde el SERVIU Tarapacá respondieron:
“Estamos actuando conforme a las instrucciones de la Contraloría General de la República, por lo que existe un procedimiento disciplinario en curso para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Una vez concluido dicho proceso, será remitido a la Contraloría Regional de Tarapacá.”
Además, agregaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la correcta gestión y el cumplimiento de las normativas vigentes.”
Pese a las preguntas planteadas sobre el impacto político, las señales internas y la permanencia del director en el cargo, al cierre de esta edición el SERVIU declinó referirse directamente a estos puntos clave.
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