julio 25, 2024
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Ene

Solicitan reponer investigación contra senador Fulvio Rossi por atentar contra la probidad

Daisy Castillo Triviños/El Muro Los nuevos antecedentes demostrarían que personal de su oficina parlamentaria de Alto Hospicio, recibe sueldos del Senado y además, del Fondo Nacional de Seguridad Pública. Durante 2015, EL MURO realizó una serie de reportajes de investigación sobre diferentes actuaciones del senador Fulvio Rossi y que fueron denunciadas, en su oportunidad, por autoridades de la Región de Tarapacá, zona que representa el parlamentario que se vio obligado el año pasado a congelar su militancia en el Partido Socialista (PS) por sus nexos con SQM en el financiamiento irregular de campañas políticas. Ahora, recién iniciado este 2016, este diario electrónico accedió a la solicitud, que el 30 de diciembre del año pasado, el diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez hizo llegar a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, presidida por el senador, Hernán Larraín, para que dicha instancia reponga la denuncia presentada en contra del senador Fulvio Rossi, por uso indebido de sus oficinas parlamentarias en la Primera Región. ¿Por qué se está pidiendo que se vuelvan a analizar los antecedentes y que se abra el archivo nuevamente? Por una razón clave: existirían antecedentes que demostrarían que con aportes del Estado, es decir, de todos los chilenos, se está financiando una actividad privada como es la Corporación de Desarrollo Social y Cultural “Casa Abierta” y pagando las remuneraciones del personal que no sólo trabaja para el senador Rossi, en su calidad de parlamentario, sino que están participando en un proyecto que se ejecutará hasta marzo de 2016 y por el que también reciben dineros del Estado. Para entender de qué estamos hablando, todo se centra en la Resolución Exenta N° 1.696 (10 de noviembre de 2014), que aprobó un convenio entre la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y la Corporación “Casa Abierta”. Según este convenio, celebrado el 23 de octubre de 2014, la ONG se adjudicó el Proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública” (FNSP14-AVIF-20, llamado Asistencia Psicosocial personalizada a víctimas de violencia intrafamiliar de Alto Hospicio, por un monto de $43.757.853. El costo total del proyecto fue de $49.097.853 y “Casa Abierta” tenía que aportar un monto de $5.340.000 por concepto de infraestructura. El objetivo del proyecto, tal como se plantea en sus bases, es “atender a mujeres que experimentan VIF (violencia intrafamiliar) de las comunas de Alto Hospicio e Iquique. La compleja historia ¿Dónde surge la polémica? En el mencionado proyecto se señala en el ítem Necesidad y coherencia presupuestaria que “como aporte propio, la Corporación “Casa Abierta” dispuso del arriendo de una oficina en el sector céntrico de Alto Hospicio, frente a la placa de servicios y a una cuadra de la Municipalidad, de fácil acceso. Asimismo, con el propósito de dotar de comodidad a profesionales y usuarias, ha invertido en la remodelación de la propiedad, dotándola de dos oficinas privadas de atención y mejorando el acceso”. El punto en discordia es que justamente la oficina que dice arrendar “Casa Abierta” en Alto Hospicio (Avenida Ramón Pérez Opazo N° 3.162) es nada más y nada menos que una de las oficinas parlamentarias del senador, Fulvio Rossi. En la práctica, esto significa que para implementar y poner en marcha el proyecto adjudicado por la Corporación que preside Fulvio Rossi se indicó que se invertiría, por parte de la entidad, en infraestructura, pero el inmueble es una de las oficinas del senador. La Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta solicitó al Comité de Auditoría Parlamentaria la realización de un trabajo especial sobre los antecedentes relacionados con el senador, Fulvio Rossi y su Corporación “Casa Abierta”, tras los datos revelados por escrito por el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. La entidad, tras la indagatoria de rigor, acreditó que la oficina parlamentaria de Rossi Ciocca “… es también facilitada a personal ajeno a la función parlamentaria, como son los profesionales que prestan servicios a la Corporación “Casa Abierta”, Fernanda Martínez – psicóloga-, Leysi Rivera -Trabajadora Social-, y Fernando Pizarro –abogado-, quienes señalaron que, en tales dependencias realizan entrevistas o procedimientos propios de sus especialidades…”. En la solicitud de reposición de los antecedentes que el diputado, Hugo Gutiérrez remitió al senador Hernán Larraín, quien preside la Comisión de Ética y Transparencia, el parlamentario del PC asegura que: “La utilización de la sede parlamentaria del senador Fulvio Rossi, como aporte valorizado para la adjudicación del proyecto del Programa de Gestión de Seguridad de Seguridad Ciudadana, al que postuló la Corporación “Casa Abierta” puede configurar diversas hipótesis delictivas, pero no hay duda que es una falta a la ética y a la transparencia”. Agrega en el mismo documento que “está claro que Rossi valorizó en $5.040.000 la oficina parlamentaria, la que es pagada con recursos públicos del Estado de Chile y mintió en el proyecto presentado a la Subsecretaria de Prevención del Delito al sostener que arrendarían una oficina para ejecutar el proyecto que se habían adjudicado”. En el documento de la mencionada reposición, el diputado Gutiérrez señala en forma tajante que “resulta patético que “Casa Abierta” se adjudique proyectos para prevenir delitos, cometiendo para ello eventuales ilícitos y atentados a la probidad. Lo grave es que se está en presencia de un proyecto en ejecución hasta el 26 de marzo de 2016, es decir, se siguen utilizando hoy las oficinas parlamentarias del senador Fulvio Rossi”. Los pagos a funcionarios por el ansiado proyecto Hay que mencionar que la Comisión de Ética y Transparencia del Senado estableció que la circunstancia de que la oficina de Alto Hospicio sea facilitada a profesionales de la Corporación “Casa Abierta representa un uso parcial de la oficina que no implica una mayor utilización de las asignaciones parlamentarias del senador y que se encuentra amparada bajo la norma de uso de oficinas parlamentarias establecida por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, concretamente, en virtud de lo dictaminado en su resolución de Oficio N° 66/2011 del 22 de diciembre de 2011”. A pesar de lo declarado por la Comisión de Ética y Transparencia, en la solicitud de reposición del diputado Hugo Gutiérrez, se acompañan nuevos antecedentes que dan cuenta que, en la práctica, el trabajo realizado por los funcionarios no es, precisamente, de tipo parcial, sino que cumplirían labores en forma paralela, tanto para el parlamentario como para el proyecto que se adjudicó la Corporación “Casa Abierta”. El Trabajo Especial realizado por el Comité de Auditoría Parlamentaria consideró la realización de entrevistas a quienes desarrollan, precisamente, actividades en las oficinas parlamentarias de Fulvio Rossi: en Iquique -Avenida Eleuterio Ramírez N° 1.485- fueron entrevistados Roberto Estay, Jefe de Gabinete del senador y Carla Lagos, secretaria administrativa de la oficina parlamentaria, mientras que en la oficina de Alto Hospicio -Avenida Ramón Pérez Opazo N° 3.162-, se entrevistó a Carla Villalón, secretaria administrativa de la oficina parlamentaria, y Leisy Rivera, Trabajadora Social de la Corporación “Casa Abierta”. De acuerdo a los antecedentes recabados por EL MURO y que constan también en los documentos presentados por el diputado¿ Gutiérrez para solicitar la reposición de la indagatoria contra el senador Fulvio Rossi, se detallan las remuneraciones que perciben los funcionarios que trabajan en el polémico proyecto de asistencia psicosocial personalizada a víctimas de violencia intrafamiliar. Los montos son: coordinador a cargo de la iniciativa $6.000.000 (15 horas semanales), trabajadora social $8.400.000 (48 horas semanales), psicóloga $9.600.000 (40 horas semanales); abogada $8.400.000 (40 horas semanales), asistente ejecutiva $3.600.000 (40 horas semanales). El que se mencionen las horas que deben cumplir no es menor, porque dejan en claro que es poco probable que puedan cumplir con ellas, sólo trabajando a tiempo parcial en las dependencias de la oficina parlamentaria del senador, Fulvio Rossi. Entre los documentos a los que tuvo acceso EL MURO hay registros, por ejemplo, de que Carla Villalón (secretaria administrativa) recibiría un sueldo pagado por la Cámara Alta y, además, $3.600.000 por el proyecto que “Casa Abierta” se adjudicó. El coordinador del proyecto, Roberto Estay recibiría $ 6.000.0000 pesos y, de acuerdo a la página de Transparencia del Senado, está contratado por el senador Rossi como Jefe de Gabinete y es responsable de sus oficinas parlamentarias. A esto se suman, otros antecedentes que acompañan la solicitud de reposición del diputado Gutiérrez, que “Fernando Donoso, representante legal de la Corporación “Casa Abierta”, tal como se señala en el proyecto adjudicado por la Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es uno de los asesores de Rosssi, que es pagado por el Senado. Nuevamente, no cabe duda, la contratación de Donoso es para la administración de un órgano privado: ONG “Casa Abierta”, que preside el senador y del cual lucra, pero que está pagado con dineros de todos los chilenos”. Añade que “por si faltara poco, entre los abogados que aparecen en la nómina de funcionarios pagados por “Casa Abierta” y, por el mismo proyecto, María Ángela Petrillo, tiene jornada completa en la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y aparece ganando $8.400.500 en el proyecto de la Corporación. ¿Qué justifica pagarle $8.400.500 a una abogada que no puede concurrir a cumplir con su labor en Casa Abierta?”. En el mismo documento que está en manos del presidente del Comité de Ética y Transparencia del Senado –Hernán Larraín-, el parlamentario del Partido Comunista advierte, en forma categórica: “Todo el personal de la oficina parlamentaria de Alto Hospicio del senador Fulvio Rossi es pagado por el proyecto “Casa Abierta”. No se está en presencia de un uso parcial de la oficina, sino de una destinación total al cumplimiento de un proyecto privado de esta ONG que, lamentablemente, es financiado por el Estado”. Agrega que “ahora es cuando cobra todo su sentido la norma del Artículo N° 60 de la Constitución que permite hacer cesar en su cargo a un senador cuando celebra contrato con el Estado, pues esos dineros fiscales recibidos por un parlamentario desvirtúan, completamente, sus funciones de legislador”. Cabe señalar que el diputado Gutiérrez, afirma en el marco de la solicitud de reponer la resolución que estableció el archivo de los antecedentes relacionados con el uso indebido de la oficina parlamentaria del senador, Fulvio Rossi que “ya no sólo se puede argüir que recibe prebendas de empresarios privados, sino que también del propio Estado, que lo recompensa por hacer lo que le pide. Ésta es otra forma de corrupción”. Hasta ahora, se espera que el Comité de Ética y Transparencia del Senado emita un nuevo pronunciamiento sobre los hechos que se denuncian en contra de Rossi. Un episodio que marca el inicio de un 2016 que no pareciera ser fácil, desde el punto de vista político, para el parlamentario.

Esta nota fue publicada por www.elmuro.cl y se reproduce en www.elsoldeiquique.cl con la autorización de sus autores.
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