Tarapacá y el susurro venezolano: cuando la política se habla en voz baja | Por Rodrigo Longa T.

En Tarapacá, la diáspora venezolana aprendió un gesto que no aparece en ningún manual de integración: cuando surge la palabra política, baja el volumen. No es timidez. Es instinto. Es la memoria del castigo. Es saber —por experiencia propia o por la de un primo, un amigo, una vecina— que en Venezuela disentir no siempre termina en discusión: a veces termina en expediente, en allanamiento, en celda, o en la simple desaparición de la rutina.

Esa autocensura no nace de la nada. Cuando un Estado convierte el miedo en método, el miedo cruza fronteras. Informes recientes han descrito patrones de represión que incluyen detenciones arbitrarias, persecución y mecanismos de intimidación que buscan “disciplinar” el entorno de opositores, incluso mediante la detención de familiares. Y cuando existe la idea —real o percibida— de que el poder puede “alcanzarte” fuera del país, el resultado social es éste: hablar en voz baja, mirar alrededor, evitar el nombre propio del régimen.

¿Te has preguntado cuántos son y cuál es el tamaño de la diáspora y su peso en Chile y Tarapacá?
El éxodo venezolano ya no es una ola: es un continente humano. ACNUR estima casi 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, una de las mayores crisis de desplazamiento de la historia.

Chile —y particularmente el norte— se transformó en una estación mayor de ese mapa. Según la estimación oficial INE–Servicio Nacional de Migraciones, en 2023 Chile tenía 1.918.583 personas extranjeras residentes, y la comunidad venezolana era la más numerosa con 728.586.

¿Y Tarapacá? El mismo informe estima 86.526 personas extranjeras residentes en la región. Dentro de esa población migrante, Venezuela representa el 12,3%. Eso equivale, aproximadamente, a 10.600 venezolanos residentes en Tarapacá (cálculo a partir de la estimación regional y su distribución por nacionalidad).

Detrás de los números hay oficios, turnos, emprendimientos, niños en escuelas, arriendos compartidos, trámites eternos y una certeza íntima: la vida quedó partida en dos. Aquí se trabaja; allá se extraña.

Pero no es lo único que afecta. A los venezolanos en el extranjero se les negó el voto. Los vi derrumbarse al escuchar de madrugada el resultado, convirtiendo el fraude en una herida abierta que permanece hasta hoy.

La última elección venezolana no cerró una disputa: la profundizó. Un punto clave fue el cierre práctico del voto en el exterior: restricciones administrativas, exigencias difíciles de cumplir y barreras consulares que, en la práctica, dejaron fuera a grandes segmentos de la diáspora. Eso fue documentado por prensa internacional y observado por misiones que advirtieron sobre el carácter restrictivo del proceso para venezolanos fuera del país.

Y lo más grave: la credibilidad del resultado. El Centro Carter concluyó que la elección no cumplió estándares democráticos, cuestionó la falta de transparencia en la entrega de resultados y advirtió sobre inconsistencias serias respecto a actas y cifras, en un contexto de represión posterior. Por eso, cuando se dice “fraude”, no es solo una consigna: es el nombre político de una ruptura de confianza, sostenida por observaciones técnicas y por el modo en que el Estado respondió a la disidencia.

La represión no es abstracta. Tiene formas concretas, y una de las más crueles es la desaparición. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU reportó que tuvo bases razonables para creer que hubo 12 casos de desaparición forzada (y 13 bajo una interpretación jurídica más amplia) en el período examinado, vinculados al contexto de represión y detenciones. Algunas voces hablan de cifras cercanas a las 500 personas, sin considerar las “anulaciones internacionales”, como el caso del teniente Ronald Ojeda.

Ese dato pesa como plomo porque explica, mejor que cualquier teoría, por qué tantos migrantes evitan la crítica abierta. No es “falta de opinión”. Es cálculo de supervivencia.

Cuando el periodismo —y el escrutinio al poder— se vuelve un delito, lo que se castiga no es una noticia: se castiga la democracia misma.

En Venezuela, muchos periodistas ya no “cubren” la realidad: la esquivan para sobrevivir. Trabajan en negro, sin contrato ni credenciales; a veces sin firma, con seudónimos, desde redacciones mínimas o desde el exilio, porque informar se volvió un riesgo personal y familiar. La noticia se hace “desde las sombras”: con miedo a la visita nocturna, a la detención arbitraria, al hostigamiento judicial, al cierre administrativo del medio o al bloqueo digital. Y, sobre todo, con la certeza de que el castigo no siempre cae solo sobre quien investiga, sino también sobre su entorno.

Ese clima de intimidación y autocensura —documentado por RSF, CPJ, IPYS y por instancias del sistema interamericano y de la ONU— empuja a una prensa que resiste a pulso: con herramientas precarias, voz baja y coraje alto, sosteniendo el derecho básico de una sociedad a saber.

Mientras tanto, el país se sostiene —en parte— con el envío de dinero de quienes se fueron. Las remesas se han consolidado como un flujo central para los hogares venezolanos y un componente relevante de la economía cotidiana, en un contexto de dolarización de facto y precariedad persistente. Diversos análisis han estimado montos de remesas en miles de millones de dólares en los últimos años, pero coinciden en su importancia como “colchón” social y motor de consumo.

La paradoja es brutal: el régimen expulsa gente —por miseria o por miedo— y luego el país respira con el dinero que esa misma gente manda desde afuera. Es la economía del desarraigo.

En este clima, Chile aparece en el discurso del poder venezolano no como país receptor, sino como escenario simbólico. Y ahí entran las palabras de Nicolás Maduro dirigidas al presidente electo José Antonio Kast: “Cuidadito le toca un pelo a un venezolano”, en una advertencia explícita frente a la discusión migratoria chilena.

No es solo una frase altisonante: es un mensaje con doble destinatario. A Chile, como presión política; y a los migrantes, como recordatorio de pertenencia (“los venezolanos se respetan”) bajo la sombra de un Estado que exige lealtad incluso en la distancia. Irónico, siendo el responsable de que esta diáspora esté en Chile y no en Venezuela, quienes escaparon de una dictadura que gobierna con puño de hierro.

Del lado chileno, el debate migratorio también dejó cicatrices. En plena campaña, Kast instaló una “cuenta regresiva” para la salida de migrantes irregulares: según reportes de EFE, habló de más de 330.000 personas en situación irregular y fijó plazos para que abandonen el país voluntariamente.

El efecto —especialmente en el norte— fue visible: reportajes registraron migrantes venezolanos intentando salir de Chile por el extremo norte, ante el endurecimiento del clima político y el temor a expulsiones, quedando incluso varados en la frontera con Perú.

En Tarapacá eso se siente como tensión de doble filo: por un lado, comunidades locales que exigen orden y control; por otro, familias migrantes que no saben si el próximo paso será regularizarse, esconderse o irse otra vez. La migración convertida en pieza de campaña siempre termina cobrando un precio humano.

Pensando en la geopolítica, una pregunta aparece en mi cabeza: ¿y si EE.UU. “derroca” al régimen? Una fantasía peligrosa con escenarios reales.

La pregunta surge en conversaciones de pasillo y también en titulares: “¿y si Estados Unidos lo saca?”. Con la tensión creciente entre Washington y Caracas, incluso con menciones a amenazas y escaladas retóricas, la hipótesis vuelve como espectro.

Pero conviene decirlo sin épica: una caída impuesta desde fuera no garantiza democracia. Puede abrir, sí, una transición; pero también puede abrir vacíos de poder, fragmentación interna, violencia de facciones, nuevas olas migratorias y ciclos de revancha. El derrocamiento externo, en América Latina, suele dejar más preguntas que certezas: ¿quién manda al día siguiente?, ¿con qué legitimidad?, ¿cómo se evitan purgas?, ¿cómo se reconstruye el Estado sin convertirlo en botín?

El anhelo de retorno —ese que late en tantos venezolanos en Chile— necesita algo más difícil que un “final rápido”: necesita instituciones, garantías, reinserción, justicia sin venganza. En otras palabras, necesita política en serio. Esa política que hoy, en Tarapacá, se habla en voz baja.

Y quizás ésa sea la imagen más honesta de esta diáspora: gente que salió buscando futuro, que sostiene a los suyos con remesas, que mira de reojo