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Se podría decir que, declarar admisible por parte del Tribunal Constitucional (TC) la petición de dos afiliadas a las AFPs para el retiro de fondos fue un saludo a la bandera, ya que por unanimidad la solicitud de María Angélica Ojeda y Beatriz Valenzuela fue rechazada.
La decisión del TC se basa en la inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados por las Cortes de Apelaciones de Antofagasta y de Punta Arenas respecto al decreto ley 3.500, que creó el sistema de capitalización individual en 1980.
En representación de Ojeda alegaron los abogados Javiera Aravena y José Luis Ugarte, mientras que la misma Aravena y Fernando Atria defendieron a Valenzuela. En la vereda opuesta, por quienes se oponían al retiro de los fondos, Jorge Correa Sutil (ExConcertación) representó a AFP Cuprum; Rodrigo Díaz de Valdés a AFP Habitat, y Alejandro Charme al Presidente Piñera.
