El diputado Juan Antonio Coloma golpeó fuerte la mesa con una solicitud: que los resultados de los test de drogas aplicados al Presidente, ministros y subsecretarios fueran públicos. Pero el Consejo para la Transparencia (CPLT) le respondió con un portazo legal bien firme: esa información es reservada.
Según el pronunciamiento del CPLT, los exámenes realizados en el marco de la Ley de Presupuestos 2025 son considerados datos personales sensibles, ya que tocan directamente el estado de salud de las personas. Y como tal, están protegidos por varias normas, entre ellas el artículo 19 N°4 de la Constitución, la Ley de Protección de la Vida Privada y la legislación sobre derechos de los pacientes.
En resumen: no hay ley que obligue a publicar esos resultados, y el CPLT dejó claro que no basta con la ley de presupuesto para abrir esa puerta.
“El Consejo reconoce el interés público que existe en el control del consumo de drogas por parte de autoridades. Sin embargo, ese interés debe ser equilibrado con el respeto a los derechos fundamentales, como lo son la vida privada y la protección de los datos personales. Por ello, históricamente la jurisprudencia de este Consejo ha acogido el acceso a información estadística o despersonalizada sobre la materia, pero no a los resultados específicos de funcionarios de la Administración del Estado”, sostiene la presidenta del CPLT, Natalia González.
Por eso, el Consejo solo respalda que se entregue información estadística o despersonalizada, pero no nombres ni resultados específicos.
Además, el CPLT explicó que los tests aplicados a autoridades del Ejecutivo son distintos a los que se hacen a los diputados, ya que en este último caso sí existe una normativa que obliga a la publicidad de los resultados.
La conclusión fue tajante: si en algún momento se quiere que el público acceda a los resultados de autoridades, debe existir una ley clara que lo regule. Mientras eso no ocurra, los resultados seguirán bajo siete llaves.
