La jueza de garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los 7 aduaneros y los 2 militares bolivianos detenidos en la zona fronteriza de Panavinto.
En la audiencia de formalización, el fiscal Hardy Torres, expuso los hechos registrados el domingo recién pasado en el área conocida como “Tulapampa”, próxima a la localidad de Panavinto, que terminó con los 9 bolivianos detenidos por robo de un camión cargado con fardos de ropa.
Durante la audiencia y para fundamentar la solicitud de prisión preventiva, el persecutor presentó varios medios probatorios, entre ellas, las declaraciones del conductor del camión que fue interceptado por los extranjeros y del acompañante, donde relatan que fueron bajados del vehículo de carga con insultos, bajo amenazas con armas de fuego y que dispararon en contra de la cabina de la máquina cerca de 10 veces.
Además, detalló el parte policial y los testimonios de los funcionarios de Carabineros que participaron en el procedimiento, exhibió fotografías de las armas incautadas donde figuran revólveres, escopetas, equipos lanza gases, municiones, cartuchos antimotines y la pericia planimétrica ejecutada por Labocar, en la cual se identificaron – claramente – los puntos donde ocurrieron los hechos, básicamente, el robo del camión y la aprehensión de los bolivianos, ésta última fue a 147,3 metros de la frontera, es decir, en territorio chileno según reveló el plano.
Con esos medios de prueba, el fiscal Torres pidió la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los imputados por los delitos de robo con intimidación, porte de armas y contrabando, ya que desde su punto de vista son un peligro para la seguridad de la sociedad, existe un evidente riesgo de fuga y como agravante, invocó la de pluralidad de malhechores, debido a la actuación en grupo.
Sus argumentaciones, fueron desestimadas por el abogado Claudio Vila, quien fue contratado por el consulado boliviano para defender a los detenidos, los cuales desistieron en la misma audiencia de contar con defensores penales públicos.
Vila, quien ejercía labores hasta el año pasado como gobernador de la Provincia del Tamarugal, argumentó que de los detenidos 8 ejercen cargos públicos y uno fue contratado por la Aduana de Bolivia como mecánico. Exhibiendo una serie de documentos, mostró que los ciudadanos altiplánicos fueron comisionados desde el 10 de marzo pasado para ejercer un trabajo en distintos puntos de la frontera y ejecutar operativos para evitar el contrabando desde Chile.
El abogado puso en tela de juicio el procedimiento de Carabineros, aduciendo que “los contrabandistas aparecen como víctimas y quienes combaten el contrabando son calificados de delincuentes”.
También, pidió que el tribunal considerara la opción de aplicar una medida cautelar menos gravosa, como arresto domiciliario ofreciendo que podía cumplirse en las dependencias del consulado de Bolivia en Iquique.
En la parte resolutiva, la jueza Isabel Peña, señaló que la forma de comisión del delito fue muy violenta y que la pena asignada a cada uno de los ilícitos es alta, especialmente, al robo. Además, estimó que los ilícitos estaban conectados entre ellos y que al ser extranjeros sin arraigo nacional, la única opción de medida cautelar para asegurar la comparecencia y evitar el peligro de fuga era la prisión preventiva, la que debe ser cumplida en la cárcel de alta seguridad de Alto Hospicio, otorgando un plazo de 120 días para la investigación.
Tras la resolución de la magistrada, el abogado defensor de los imputados señaló que apelará dentro del plazo de 5 días. “No hubo traspaso de la frontera, por lo tanto, no hubo comisión de ningún delito. Se ha vulnerado el principio de inocencia de mis representados y vamos a agotar los caminos judiciales para lograr que sean liberados, lo que incluye apelaciones y la solicitud de nuevas diligencias”.
Por su parte, el fiscal Hardy Torres, desechó una salida judicial rápida para los imputados. “Las penas asignadas a los delitos que se le imputan no permiten el desarrollo de un procedimiento abreviado. Sólo por el delito de robo con intimidación arriesgan hasta 15 años de cárcel. En el tiempo otorgado para la investigación vamos a seguir indagando y en la medida que se confirmen los antecedentes que tenemos, acusaremos, requeriremos las penas que la ley prevé y, probablemente, lleguemos a un juicio oral”, subrayó.