En respuesta a informaciones y opiniones difundidas en los últimos días, ZOFRI S.A. emitió una declaración pública respecto del proceso de renovación del contrato de concesión para la administración y explotación de la Zona Franca de Iquique.
La empresa precisó que el análisis sobre el futuro del sistema franco “no es reciente ni improvisado”, sino que se viene desarrollando desde 2018 en distintas instancias institucionales, con el objetivo de abordar desafíos de modernización, competitividad y desarrollo territorial.
En 2023 se realizó una consulta formal a la Contraloría General de la República sobre la posibilidad jurídica de renovar anticipadamente el contrato vigente. Según ZOFRI, la entidad confirmó que la alternativa es legalmente procedente, lo que entrega certeza jurídica para la inversión de largo plazo en un contexto de creciente competencia regional e internacional.
Posteriormente, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, se impulsó el proceso participativo Diálogos Zona Franca, desarrollado en 2025 por el Laboratorio de Gobierno, con la participación de más de 100 actores del sistema franco, incluyendo usuarios, trabajadores, gremios y autoridades locales y regionales.
El 4 de febrero de 2026, el Directorio de ZOFRI aprobó la renovación del contrato de concesión hasta el año 2050, decisión informada a la Comisión para el Mercado Financiero mediante hecho esencial. La suscripción del contrato está condicionada a la aprobación del Plan de Inversiones por parte de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Este plan, superior a los 115 mil millones de pesos, busca elevar los estándares de exigencia para la concesionaria, fortalecer el ecosistema de usuarios, generar empleo y asegurar la proyección de largo plazo del sistema franco. Se mantiene íntegramente el mecanismo del 15% de aporte a las once comunas de Tarapacá y Arica y Parinacota, a través del cual ZOFRI ha transferido históricamente más de 200 mil millones de pesos para el desarrollo territorial.
La empresa reiteró que se trata de un proceso “institucional, transparente y en desarrollo”, con etapas claramente definidas y que continuará siendo informado oportunamente a accionistas, usuarios, autoridades y opinión pública, conforme a la normativa vigente.
