Por: Rodrigo Longa Teran
Evelyn Matthei presentó sus Bases programáticas con un hilo conductor claro: seguridad, crecimiento y un Estado más austero. Hay medidas precisas (montos, metas, plazos) que ofrecen una hoja de ruta reconocible. Pero el documento abre preguntas duras sobre costos, legalidad, tiempos de ejecución y efectos colaterales que su campaña todavía no despeja.
Seguridad: metas cuantificables, riesgos de vigilancia masiva y cuellos de ejecución
El plan de seguridad es el corazón del programa. Promete US$2.500 millones en cuatro años para equipamiento, inteligencia y tecnología; 140.000 cámaras –con reconocimiento facial– y 10.000 carabineros adicionales. Además, cinco nuevas cárceles de alta seguridad (para llegar a 32.000 plazas), más control territorial y “blindaje” de fronteras con una Policía Militar Fronteriza y dos centros para expulsiones administrativas de migrantes (meta: 3.000 expulsados). Es, en forma y fondo, una agenda de “máxima intensidad” estatal.
Lo que funciona: hay diagnósticos y metas operativas –algo poco común en plataformas electorales– y un esfuerzo explícito por ordenar mando, inteligencia y trazabilidad de datos entre agencias. Esa granularidad facilita control político y rendición de cuentas.
Las dudas: el despliegue de reconocimiento facial a gran escala choca con debates globales sobre sesgos, errores y protección de datos. Experiencias recientes en São Paulo muestran resultados policiales, pero también alertas de organizaciones civiles por riesgos de vigilancia masiva y gobernanza de datos. Trasladar ese modelo sin una ley moderna de datos personales y sin supervisión independiente robusta es apostar alto con libertades civiles.
Además, construir cinco cárceles y sumar 10.000 efectivos exige capacidad de obra pública, formación y gasto basal permanente (operación, mantenimiento, carrera funcionaria) que el documento no costea en detalle. La promesa de “mano dura” depende, en última milla, de procesos penales, capacidad de gendarmería y tiempos judiciales; ahí la automatización por sí sola no resuelve.
Crecimiento y empleo: rebaja de impuestos, “fast track” y la gran brecha fiscal
Matthei propone bajar el impuesto corporativo de 27% a 23% “de inmediato” y converger al 18% en diez años, acercándose al “promedio OCDE” –junto con invariabilidad tributaria de hasta 20 años para grandes proyectos– y un fast track de permisos para inversión. A eso suma la creación de 1.000.000 de empleos en el período.
Para cuadrar la caja, la campaña plantea recortar US$8.000 millones en “gastos mal asignados” en cuatro años, reimpulsar presupuesto base cero, congelar el crecimiento del empleo público y reducir cargos de confianza. La aritmética política es nítida: menos impuestos a empresas + reasignación/ahorro del gasto + desregulación de permisos = más inversión y empleo.
Lo que funciona: la agenda de permisos y certidumbre regulatoria responde a un cuello de botella real; la meta de crecer al 4% explicita un ancla macro que muchas plataformas eluden; y la señal pro-inversión (tasa + invariabilidad) puede mover proyectos grandes si viene acompañada de certeza jurídica y estabilidad política.
Las dudas grandes:
Costo fiscal inmediato. Reducir el corporativo a 23% genera un hoyo recaudatorio al principio, justo cuando el plan sube gasto en seguridad, salud y vivienda. El documento no entrega un cuadro financiero plurianual que muestre cómo se compensa ese bache antes de que rindan los ahorros prometidos.
US$8.000 millones en “ineficiencias” es una meta ambiciosa: implica revisar 700 programas, reformar compras públicas y probar, en la práctica, que el “base cero” no tumba prestaciones críticas ni genera costos políticos inmanejables en el Congreso y en regiones. El riesgo de “ahorro nominal” que reemerge como costo por otra vía es alto.
Invariabilidad por 20 años reduce “riesgo-país” para proyectos, pero amarra margen fiscal y regulatorio de futuras administraciones, lo que en Chile ha sido políticamente sensible; tampoco es neutra para la competencia si se gestiona mal (entradas bloqueadas, incumbencias favorecidas).
Salud: métricas potentes, cuello de botella en recursos y gestión
La hoja de ruta sanitaria fija dos metas simples y exigentes: APS “100/100/100” (100% de cupos, medicamentos y especialistas en atención primaria) y hospitales “30-30-30” (aumentar productividad 30%, reducir listas en 30% y tiempos de espera en 30%). Se incorporan índices de transparencia, horarios extendidos y una alerta oncológica. Es una narrativa de gestión, no de grandes reformas estructurales.
Fortalezas: enfoque en gestión y desahogo de listas, con indicadores publicables que facilitan control ciudadano. Debilidades: sin una línea de financiamiento explícita y estable (equipos, compra de servicios, incentivos por desempeño), estas metas suelen naufragar en la realidad hospitalaria (déficits de RR.HH., rigideces laborales, mantención). El cruce con el “ahorro” fiscal propuesto tensiona el plan.
Educación: volver al mérito… y al debate sobre segregación
El programa anuncia modificar el SAE para permitir selección por mérito desde 7º básico, recienterar aprendizajes y reforzar temprana. Eso reabre una discusión que Chile daba por saldada: ¿cómo compatibilizar mérito con integración sin devolver el sistema a lógicas de segregación? El documento no acompaña la reforma con salvaguardas potentes de equidad (financiamiento por vulnerabilidad, transporte escolar, tutores) más allá de enunciados generales.
Vivienda y ciudades: la luna de 800.000 “buenas viviendas” y la fricción de la ejecución
La promesa es descomunal: 400.000 familias nuevas accediendo a propiedad (con garantías tipo Fogape, exenciones transitorias de IVA y beneficios al primer comprador) y 400.000 mejoramientos; además, un Fondo de Emergencias Habitacionales y cambios tributarios para créditos hipotecarios. Es un intento de juntar déficit habitacional con dinamización de la construcción.
Fortaleza: variedad de llaves financieras (garantías, IVA, beneficios) para empujar oferta y demanda.
Debilidad: la capacidad de ejecución (suelo bien ubicado, permisos municipales/ambientales, encarecimiento de materiales, productividad) puede atrasar metas y encarecer subsidios. Sumado a la baja de impuestos, vuelve a emerger el dilema fiscal.
Mujeres y cuidados: foco correcto, costo incierto
Hay un bloque robusto y medible: subsidio de $200.000 por seis meses para mujeres que formalicen empleo; aumento del “Bono Cuidado” a $100.000; y reservar 60% de la vivienda bien ubicada para mujeres cuidadoras. La señal es clara: activar participación laboral femenina y reconocer carga de cuidados.
El pero: son políticas con impacto fiscal directo y con riesgos de “puentes cortos” (fin de subsidio, retorno a la informalidad). El programa no presenta aún estimaciones de costo y cobertura que permitan evaluar sostenibilidad.
Migración y fronteras: promesas de expulsión, derecho internacional y realismo
Las expulsiones administrativas y una Policía Militar Fronteriza parten de un diagnóstico compartido —el desorden en la frontera norte—, pero tropiezan con restricciones conocidas: acuerdos de reconducción, cooperación consular y estándares internacionales. El documento habla de exigir “compromisos reales” a países de origen, pero no detalla la ingeniería diplomática ni los costos de detención y traslados.
Política y Estado: umbral del 5%, “anti-transfuguismo” y reducción del Estado
El plan propone umbral electoral de 5% para acceder a escaños, sanciones al transfuguismo, Oficina Presupuestaria del Congreso y una agenda de probidad y transformación digital (Clave Única como identidad principal, portal único Gob.cl). También anuncia “reducción del Estado” y profesionalización del empleo público. La meta es ordenar el sistema y subir la vara de mérito.
Lo difícil: muchas de estas reformas requieren mayorías legislativas altas y tocan intereses de todos los bloques; sin acuerdos amplios, el riesgo es un “péndulo” que frena la agenda. Además, reducir estructuras sin deteriorar prestación territorial y sectorial demanda un rediseño fino (no solo menos cargos).
Balance Periodístico
Matthei ofrece un programa con norte claro y metas verificables en seguridad, inversión y gestión pública. Esa claridad programática es una fortaleza política en un ciclo de fatiga institucional. Pero el plan asume ahorros gigantes, baja impuestos y, al mismo tiempo, sube exigencias de gasto (seguridad, salud, vivienda, cuidados) sin entregar todavía un marco financiero detallado que ate cabos y ordene prioridades. La vigilancia masiva requiere además un marco robusto de datos personales y supervisión independiente, o corre el riesgo de comprometer libertades en nombre del orden. En suma: una brújula precisa, un mapa incompleto y varios puentes que aún hay que construir entre las cifras del papel y la realidad del Estado.
