Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), estuvo en Iquique para conmemorar el Día Nacional del Magistrado y abordar con jueces locales los desafíos del Poder Judicial, la crisis derivada del “Caso Hermosilla” y la necesidad de reformar el sistema de nombramientos.
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De visita en Iquique, Hernández explicó que su recorrido por las regiones busca fortalecer la cercanía con los asociados y también con la ciudadanía. “Hemos hecho un diagnóstico que las personas no conocen realmente la labor que desempeñamos. Nosotros estamos al servicio de ellos”, señaló.
La dirigenta sostuvo reuniones con magistrados y magistradas de Tarapacá, donde uno de los temas centrales fue la postura del gremio frente a la reforma al gobierno judicial, una discusión que —recuerda— lleva más de tres décadas.
Hernández reiteró que la ANMM defiende la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas, tal como expusieron ante la Comisión de Constitución del Senado. Para el gremio, esta división es esencial para asegurar independencia interna y externa.
“Hoy como está la Constitución, no cumple con las garantías mínimas de resguardar la independencia interna. ¿Por qué? Porque las personas que son los ministros de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema, que nombran, califican, ven las materias disciplinarias y asimismo revisan las resoluciones, son los mismos. Entonces en ese sentido no hay garantía de independencia judicial”, afirmó.
Y agregó: “Un juez nunca, una jueza nunca debe ser medida por el contenido de sus resoluciones”.
“CASO HERMOSILLA”
La presidenta de la ANMM no eludió el impacto del llamado “Caso audios” o “Caso Hermosilla”, que involucró a operadores políticos y actores del sistema judicial.
“Nosotros como asociación hemos sido categóricos: es uno de los casos más graves que hemos visto en nuestra historia republicana, en nuestra historia democrática. Es algo que llena de vergüenza el Poder Judicial”, sostuvo.
Sin embargo, enfatizó la necesidad de respetar el debido proceso: “Hay que respetar la presunción de inocencia, porque hasta el día de hoy no hay nadie condenado ni ejecutoriado por esos hechos”.
Aun así, advirtió que la seguidilla de casos desde 2024 revela un problema estructural: “No podemos tapar el sol con un dedo. Prácticamente todas las semanas o todos los meses hemos conocido casos nuevos donde está el sistema judicial relacionado con la mala práctica de la política”.
Para Hernández, es clave distinguir: “Una cosa es la política y otra es el mal uso de la política. Y eso ha generado esferas de opacidades, de corrupciones, que hoy día incluso ha llevado al extremo de tener una ex ministra de la Corte Suprema privada de libertad. Eso es inaceptable”.
NOMBRAMIENTOS
La ANMM ha sido enfática en que el sistema de nombramientos vigente —y el que propone el Ejecutivo en su reforma— “perpetúa el modelo que llevó a la mayor crisis institucional”, conocido como “modelo Hermosilla”.
El gremio propone retomar la fórmula del anteproyecto de la Comisión Experta de 2023, que establecía un consejo de nombramientos integrado por los tres poderes del Estado, con mayoría de jueces elegidos por sus pares. Un modelo, recuerdan, respaldado por organismos internacionales como la ONU, la Comisión de Venecia y el Consejo Consultivo Europeo.
Según Hernández, ese diseño “otorgaba legitimidad, transparencia y evitaba la intervención de la mala política en los nombramientos”.
RECORTES
La presidenta también abordó la reducción sostenida del presupuesto judicial.
“La verdad es que nosotros llevamos más de una década viendo cómo el presupuesto del Poder Judicial se ha ido reduciendo dramáticamente”, afirmó. Y advirtió que esto golpea directamente a los usuarios: “Si usted reduce presupuesto significa que no va a tener la persona que cumple esa función”.
Recordó que la última ampliación de dotación ocurrió en 2017: “Llevamos prácticamente una década con las mismas cantidades de jueces”.
Sobre el recorte del 3% anunciado recientemente, fue categórica: “Nosotros entregamos un servicio a la ciudadanía, a una ciudadanía que tiene serios problemas (…) y es por eso que el Estado tiene que estar a la altura de esas crisis, no reaccionar cuando estas ocurran”.
