Analista Político
“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.”
Paulo Freire
La educación pública chilena no necesita más consignas. Necesita resultados. Y los resultados preliminares de los Servicios Locales de Educación Pública, más conocidos como SLEP, obligan a mirar con seriedad una reforma que fue presentada como la gran solución a los problemas heredados de la educación municipal, pero que hoy muestra señales preocupantes de fragilidad, desigualdad territorial y falta de consolidación.
El problema no es menor. La Nueva Educación Pública nació con una promesa ambiciosa: sacar la administración de los colegios desde los municipios y entregarla a una institucionalidad especializada, profesional y con mirada de largo plazo. En el papel, la idea parecía razonable. Había municipios con severas dificultades financieras, problemas de gestión, deudas previsionales, deterioro de infraestructura y una evidente incapacidad para sostener proyectos educativos robustos. Pero una cosa es diagnosticar correctamente las fallas del sistema municipal y otra muy distinta es demostrar que el reemplazo funciona mejor.
Y ahí está precisamente el punto crítico: hasta ahora, la evidencia no permite sostener con tranquilidad que los SLEP estén cumpliendo la promesa que justificó su creación.
Según el informe de Acción Educar, los establecimientos administrados por SLEP muestran una recuperación promedio en el SIMCE: en Lectura pasan de 254 puntos en 2022 a 267 en 2025, y en Matemática de 236 a 250 puntos. Sin embargo, pese a esa recuperación, continúan ubicándose por debajo de otras dependencias educativas. Es decir, el sistema mejora, pero no alcanza; avanza, pero no convence; muestra cifras positivas en el promedio, pero sigue lejos de constituirse en una respuesta sólida para la educación pública.
La trampa está en los promedios. Una política pública puede mostrar avances generales y, al mismo tiempo, esconder retrocesos graves en determinados territorios. Eso es justamente lo que ocurre con los SLEP. El informe muestra que, en las comunas pertenecientes a servicios implementados hasta 2022, un 70,8% mejora en Lectura, pero en Matemática solo un 52,8% mejora, mientras cerca de la mitad de las comunas se mantiene o empeora.
Ese dato debería encender las alarmas. Matemática no es un indicador secundario. Es una señal dura sobre continuidad pedagógica, gestión escolar, asistencia, acompañamiento técnico y capacidad real de sostener aprendizajes. Si casi la mitad de las comunas no logra mejorar o derechamente retrocede en Matemática, entonces el problema no es comunicacional: es estructural.
Más grave aún es lo que ocurre con los SLEP más antiguos. Podría argumentarse que los servicios nuevos necesitan tiempo para instalarse, ordenar procesos y consolidar equipos. Pero cuando se observan los cuatro SLEP implementados en 2018 —Barrancas, Costa Araucanía, Huasco y Puerto Cordillera— la heterogeneidad persiste. En Lectura, solo un 53,8% de las comunas mejora, mientras un 23,1% empeora. En Matemática, apenas un 46,2% mejora, un 38,5% se mantiene y un 15,4% retrocede.
Esto golpea el corazón del argumento reformista. Si los servicios con mayor tiempo de funcionamiento todavía muestran trayectorias tan dispares, entonces no basta con pedir paciencia. La pregunta legítima es otra: ¿cuánto tiempo necesita una institucionalidad para demostrar que funciona? ¿Y cuántas generaciones de estudiantes deben esperar mientras el sistema termina de ajustarse?
La convivencia escolar es otro punto crítico. Las denuncias por convivencia aumentaron en los SLEP más antiguos entre 2017 y 2025. Es cierto que el deterioro de la convivencia escolar es un fenómeno nacional, pero algunos territorios muestran alzas muy superiores al promedio país. Costa Araucanía registra un aumento de 219,1% y Huasco de 195,2%, frente a un aumento nacional de 84,6%.
Aquí hay que ser responsables: más denuncias no siempre significan automáticamente más violencia. También pueden reflejar mayor capacidad de registro o mayor disposición a denunciar. Pero, incluso considerando esa salvedad, el dato revela un problema evidente: los SLEP no han logrado instalar una respuesta homogénea y eficaz frente a una de las crisis más sensibles de la educación chilena, que es la convivencia dentro de las comunidades escolares.
La asistencia tampoco entrega tranquilidad. Los SLEP más antiguos muestran recuperación respecto de la pandemia, pero no logran volver completamente a los niveles prepandemia. Las variaciones entre 2017 y 2025 fluctúan entre -1 y -3 puntos porcentuales, y algunas comunas presentan caídas más pronunciadas. Sin asistencia no hay aprendizaje posible. No hay reforma administrativa, discurso legislativo ni arquitectura institucional que pueda reemplazar la presencia de los estudiantes en la sala de clases.
Por eso la eventual pausa en el calendario de traspasos no debe leerse como un gesto ideológico, sino como una medida mínima de prudencia. El país no puede seguir transfiriendo establecimientos a una institucionalidad que todavía no demuestra resultados consistentes. Las reformas no pueden avanzar solo porque un calendario lo dice. Deben avanzar porque existe evidencia suficiente, capacidades instaladas y garantías de que el cambio beneficiará efectivamente a las comunidades educativas.
El debate tampoco debe caer en una falsa nostalgia municipalista. No se trata de idealizar a los municipios. Muchos administraron mal. Algunos abandonaron sus escuelas. Otros heredaron déficits, infraestructura deteriorada y problemas laborales graves. Pero reconocer el fracaso de parte del sistema municipal no obliga a aceptar sin crítica el desempeño de los SLEP. Una mala administración local no se corrige automáticamente con una administración estatal centralizada o semidescentralizada si esta no logra responder al territorio.
El verdadero dilema es más profundo: Chile diseñó una reforma nacional para realidades territoriales que son profundamente distintas. No es lo mismo administrar establecimientos en zonas urbanas consolidadas que hacerlo en territorios rurales, aislados, fronterizos o con alta vulnerabilidad social. En regiones como Tarapacá, donde conviven concentración urbana, migración, pobreza, campamentos, ruralidad andina y problemas de conectividad, la educación pública exige mucho más que una oficina administrativa. Exige presencia, lectura territorial y capacidad de respuesta inmediata.
La educación pública no puede convertirse en un experimento burocrático. Cada error de diseño lo paga un niño. Cada demora administrativa la sufre una comunidad escolar. Cada falla de gestión se traduce en clases perdidas, aprendizajes débiles, convivencia deteriorada y familias que pierden confianza en el sistema.
Los SLEP fueron creados para fortalecer la educación pública. Pero fortalecer no es solo cambiar el sostenedor. Fortalecer es mejorar aprendizajes, ordenar la gestión, recuperar asistencia, cuidar la convivencia, responder a los territorios y entregar certezas a las familias.
La evidencia disponible deja una conclusión incómoda: la Nueva Educación Pública todavía no está consolidada. Y cuando una reforma estructural no muestra resultados claros, lo responsable no es acelerar. Lo responsable es detenerse, evaluar y corregir.
Porque en educación no basta con tener buenas intenciones. Tampoco basta con ganar una discusión ideológica. Lo que importa es si los niños aprenden más, si las escuelas funcionan mejor y si las comunidades educativas recuperan confianza.
Hoy, los resultados de los SLEP no permiten celebrar. Permiten, más bien, advertir. Y esa advertencia debe ser escuchada antes de que la reforma siga avanzando más rápido que su propia capacidad de demostrar resultados.
La advertencia de Paulo Freire sigue vigente: la educación no cambia el mundo por decreto, por calendario ni por diseño administrativo. Lo cambia cuando logra transformar vidas concretas. Y si los SLEP todavía no demuestran que pueden hacerlo de manera consistente, entonces la pausa no solo es prudente: es necesaria.
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