La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) cuestionó el retorno a sus funciones del seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, Cristian Cabezas, quien enfrenta denuncias por presunto maltrato laboral contra dos funcionarias, además de cuestionamientos por el eventual uso de dependencias institucionales para actividades religiosas.
A ello se suma que, de acuerdo con antecedentes recabados por El Sol de Iquique y fuentes conocedoras del proceso, al seremi se le habría solicitado presentar su renuncia al cargo. Sin embargo, esa gestión no habría prosperado, tras lo cual retomó sus funciones en la repartición.
En su declaración pública, la ANEF expresó un rechazo categórico a la decisión del gobierno. “Rechazamos que una autoridad, respecto de la cual existen denuncias formales por presunto maltrato y acoso laboral y mal uso de recursos públicos, retorne al ejercicio de sus funciones, aún teniendo presente la gravedad de dichas denuncias”, señaló la organización, apuntando a que el regreso se produce mientras las investigaciones siguen en curso.
El gremio insistió en que el debido proceso debe cumplirse, pero que ello no exime al Ejecutivo de adoptar medidas de resguardo para las denunciantes. “Si bien, el debido proceso debe ocurrir, mientras se desarrolle la investigación, el gobierno debe otorgar garantías y adoptar medidas efectivas de resguardo, principalmente para las denunciantes”.
LEY KARIN
La ANEF también cuestionó el impacto que esta decisión tiene sobre la aplicación de la Ley Karin. “En opinión de esta confederación sindical, el regreso del señor Cristian Cabezas a la seremia del trabajo, agrede seriamente el espíritu y propósito de la Ley Nº21.643 (Ley Karin), toda vez que el estado debe dar señales claras e inequívocas frente a denuncias por acoso laboral y violencia en el trabajo, a lo cual se suma la denuncia que pesa sobre el sr. Cabezas en cuanto a la utilización de recursos públicos para fines personales”.
El gremio recalcó que el Estado debe ser el primero en garantizar espacios laborales seguros. “El Estado debe ser el primer garante de espacios laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de violencia, asegurando la protección de quienes denuncian hechos que podrían constituir vulneraciones a sus derechos”.
La organización advirtió que la decisión del gobierno puede profundizar el daño dentro del equipo de la Seremi. “Sin lugar a dudas que esta pésima decisión, adoptada por el gobierno, genera un grave impacto en el ambiente laboral y puede significar la revictimización de las funcionarias denunciantes y del resto del equipo de la Seremi, afectando su bienestar, su integridad psíquica y el normal desempeño de sus funciones”.
Finalmente, la ANEF pidió medidas inmediatas a la Subsecretaría del Trabajo y a la Contraloría. “Por lo anterior, solicitamos a la Subsecretaría del Trabajo y a la Contraloría General de la República adoptar, con la mayor celeridad, las medidas precautorias que correspondan, incluyendo la suspensión temporal del ejercicio del cargo mientras se desarrollan las investigaciones, con el objeto de resguardar a las personas involucradas, garantizar un proceso objetivo y transparente, y proteger el buen funcionamiento de un servicio tan importante como lo es la SEREMI del trabajo”.
