La exministra de Seguridad Pública y exfiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, decidió pasar a la ofensiva después del dictamen de la Contraloría que cuestionó su actuar frente a la PDI. Lejos de replegarse, respondió con una defensa dura y directa, intentando instalar la idea de que su oficio reservado no fue un exceso, sino una obligación.
La Contraloría concluyó que Steinert actuó fuera de sus atribuciones al solicitar a la PDI una nómina completa de funcionarios vinculados al caso del Clan Chen, incluyendo nombres, RUT, destinos, antecedentes disciplinarios y eventuales denuncias penales. El dictamen señaló que esa información no era necesaria para las funciones del ministerio y que podía interferir en una investigación penal en curso.
Steinert respondió con un documento extenso donde defendió cada paso que dio. En su escrito, citado por Radio Bío Bío, afirmó que no intervenir habría significado una “omisión consciente frente a un riesgo evidente” y que eso habría constituido una falta a la probidad administrativa. También sostuvo que el traslado de una brigada especializada de la PDI, en plena investigación de crimen organizado, podía generar un “daño irreparable a la eficacia del servicio”. Su argumento central es que actuó para evitar un perjuicio mayor y que la información solicitada era indispensable para evaluar el impacto operativo dentro de la policía.
OFENSIVA
El dictamen revisó otros puntos, como la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, concluyendo que su remoción se ajustó a derecho. Además, descartó que Steinert hubiera disuelto la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública, como se había insinuado en el Congreso.
La ofensiva de Steinert se da en medio de las solicitudes de los diputados Raúl Leiva, Patricio Pinilla y Tatiana Urrutia, quienes pidieron a Contraloría revisar la legalidad del oficio enviado a la PDI. Aunque la exministra estuvo solo 69 días en el cargo, su salida no cerró el capítulo. Con su defensa pública, busca reposicionarse y cuestionar la lectura del organismo fiscalizador. Su mensaje es que actuó por deber, no por exceso, y que el dictamen no considera el contexto operativo ni la urgencia del caso.
