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Comienzo sosteniendo que los problemas que nos aquejan a los chilenos y chilenas no nacieron de un día para otro. Como bien sabemos, somos un país pequeño en población, pero rico en recursos naturales. Muchos de estos problemas se arrastran por décadas. Nuestra República, desde su formación, tiene en sus páginas manchas de sangre. Tal realidad es común en la historia universal. Chile, desde esta perspectiva, es un caso más y no la excepción.
La lucha por el poder, la influencia de los más letrados y con mayor conocimiento, las ambiciones y los intereses patrimoniales —sea por las razones que sean— forman parte de nuestra existencia y de los conflictos implícitos en nuestra institucionalidad. Incluso la separación de los distintos órganos y poderes del Estado refleja la naturaleza de nuestra identidad nacional y los orígenes de la sociedad chilena. Fueron años que quedaron grabados en la formación de nuestro Estado capitalista.
Creo que, a mi edad, cobran mayor relevancia, a grandes pinceladas de nuestra autobiografía histórica, cuatro acontecimientos que vienen a mi frágil memoria: 1) la valentía y presencia indomable de nuestros pueblos originarios, 2) la abdicación de nuestro padre de la patria, Bernardo O’Higgins, 3) la guerra civil de 1891 y el suicidio del presidente liberal José Manuel Balmaceda, y 4) el quiebre de nuestra democracia y el martirio del presidente socialista Salvador Allende.
Por supuesto, existen dos Premios Nobel de Literatura que realzan a Chile: Gabriela Mistral y Pablo Neruda. En otras disciplinas también hay quienes, con toda seguridad, merecen ser destacados. La mejor opción siempre la tiene usted, amigo o amiga lectora.
La clase política, en general, en estas últimas décadas ha levantado promesas y compromisos para enfrentar la delincuencia y otras lacras sociales. Sin duda, han realizado numerosos esfuerzos. Tenemos nuevas leyes, mejores policías y más infraestructura carcelaria.
Sin embargo, la delincuencia organizada no se detiene. Avanza y cobra cada día nuevas víctimas. Esto es muy peligroso para la democracia y para la sociedad en su conjunto. Así como vamos, la delincuencia no retrocede. El país no retoma la senda de la seguridad. ¿Qué estamos haciendo mal o no tan bien?
Veamos. Hoy este grave problema social tiene ramificaciones internacionales. Además, estas organizaciones manejan cuantiosos recursos económicos. Penetran el mercado, contratan a los mejores estudios jurídicos, compran influencias políticas y sobornan a funcionarios del Estado. Entonces, el problema trasciende nuestras fronteras y somos una pieza más dentro del tablero de los negocios. Triste y cruel realidad.
Vuelvo a la reflexión inicial: ¿qué no estamos haciendo bien?
Partamos por lo esencial: el rol del Estado. Me detengo y me pregunto si lo tiene asumido como un compromiso de primer orden, urgente y de primera necesidad. Nada de mentiras ni soluciones a medias. Es fácil marearse con propuestas que nunca son eficaces. Vivimos en un Estado capitalista y fuertemente dependiente. Hay que fortalecer los ingresos fiscales si queremos combatir la drogadicción y el crimen organizado desde sus raíces. De lo contrario, estamos perdiendo “balas de plata”.
No se trata de izquierdas ni derechas. Si hay que levantar el famoso “secreto bancario”, pues que se levante y punto. Tampoco se trata de “Chile libre”. Como dice un viejo refrán popular: la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo.
Otro punto: nuestras policías debieran estar mucho mejor remuneradas y contar con una sólida formación en valores. En el Presupuesto Nacional debieran existir recursos exclusivos para innovación en tecnología, inteligencia e investigación científica, además de más recursos humanos altamente calificados. Recursos económicos destinados a la persecución de las bandas del crimen organizado en todos los niveles. En fin, solo un Estado más fuerte puede tener éxito en sus políticas de seguridad pública.
Me parece muy bien que exista un ministerio dedicado exclusivamente a combatir la delincuencia. Le da más fuerza, mejora su estrategia, perfecciona las leyes y pone en marcha objetivos concretos. En resumen, se requiere el mejor trabajo político y un equipo profesional a cargo de estas tareas.
El actual ministro de Seguridad, Carlos Arrau G., acaba de presentar un proyecto de ley. No tiene el apoyo transversal de la clase política. Se argumenta que será modificado y que se le habría quitado la “urgencia”. Lo que puedo decir es que es mejor que la clase política haga las modificaciones necesarias, pero que por ningún motivo se vulneren los derechos individuales consagrados en la Constitución. Basta de seguir apremiando al pueblo. Queremos soluciones en democracia, y para eso están nuestros parlamentarios y el Congreso.
Es todo por hoy. Gracias.
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