Las miserias de la educación gratuita del gobierno (Opinión)

Por YERCO OCARANZA   El pasado martes nueve de febrero el ministerio de Educación entregó los resultados de los favorecidos con la gratuidad en la educación superior que ingresan a primer año de universidad. La mitad de los más de 20 mil estudiantes que estaban en calidad de ‘pendientes’ por diferentes causas obtuvieron la ayuda, sumándose a los 110 mil de los antiguos que ya habían logrado el beneficio para el 2016. De acuerdo a los datos del Mineduc se puede establecer que, en esta primera pasada de la política que implementó el gobierno, la mitad de las personas que ingresan a la educación superior en alguna universidad adscrita a la gratuidad podrán estudiar sin costos. Sin perjuicio que el número se modificará en las próximas semanas con el periodo de apelación que se abre para los estudiantes nuevos y antiguos, y el nuevo proceso de postulación a la gratuidad en abril, lo cierto es que para el año en curso el gobierno está lejos de alcanzar la meta que se había proyectado a fines del año pasado. El diario La Tercera, en una nota aparecida el miércoles pasado titulada “Gratuidad: la mitad de los alumnos de primer año ha obtenido el beneficio”, así lo expresó: “[…] lo que deja preliminarmente la cifra de 120 mil alumnos con esta forma de financiamiento. Sin embargo, la proyección de beneficiados del gobierno fue de 180 mil, cifra que a un mes de que comiencen las clases aún no se completa”. Según información del gobierno, para la región son cerca de tres mil 800 estudiantes que se podrán acoger a la gratuidad. De esta primera caracterización se confirma la mezquina aritmética del gobierno y el continuo retroceso del compromiso de campaña hecho por la presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría en torno a la universalidad de la educación como derecho. Pasando de 180 mil estudiantes a 140 mil para finalmente concretar el beneficio en 120 mil de un total de matrícula de estudiantes de educación superior al 2015 de un millón 152 mil 125 estudiantes, 2,5 por ciento más que la cantidad registrada el 2014, según el Consejo Nacional de Educación. Cuantitativamente, la gratuidad universitaria comprendida como derecho que anuncia el gobierno cada vez que puede más bien parece ser un aumento de recursos a la política de focalización propia de un Estado neoliberal que administró la Concertación en acuerdo con la derecha. Derecho reducido o focalización expandida, el análisis se hace más concluyente cuando se aborda la calidad de la política de gratuidad del reformismo oficialista. En ese sentido, el periodo de aplicación de gratuidad para un estudiante es limitado por la duración formal de la carrera que curse. Si necesita más años para titularse atrasándose en un semestre, deberá pagar ese periodo agregado vía CAE sin posibilidad de acceder a alguna beca estatal. Escenario especialmente problemático cuando el informe de diciembre del 2015 del Servicio de Información de Educación Superior, sostiene que “la sobreduración general de las carreras de educación superior para el año 2014 fue de un 36,2 por ciento, porcentaje que ha ido en aumento desde el año 2010, cuando había alcanzado un 34,1 por ciento”. Las carreras con mayor duración real, para el año 2014, en universidades fueron Ingeniería Civil Electrónica (18,4 semestres reales. 11,8 semestres formales), Ingeniería Forestal (17,9 semestres reales. 10 semestres formales) e Ingeniería Civil Ambiental (17,5 semestres reales. 11,5 semestres formales). Estos estudiantes en especial serían los más ‘perjudicados’ en los términos de la gratuidad educacional que plantea el gobierno. Por otra parte, el que las becas de mantención no se entreguen a los estudiantes nuevos interroga sobre las facilidades para la permanencia de estos en la educación superior. El diseño de la política de gratuidad en esta instancia, más que acercarse a un cambio de paradigma en la educación como derecho tiende peligrosamente a parecer más bien una nueva beca, la beca de gratuidad que en la práctica no transforma la naturaleza de la educación como bien de mercado sino que se reafirma como otro subsidio a la demanda dentro del sistema de beneficios estudiantiles. Las críticas por izquierda a esta reforma del gobierno no han tardado en emerger. Aunque si bien en la coyuntura política y en la prensa hay una borrachera momentánea por la implementación que se hará de esta política que ilusiona a amplios sectores, en la realidad no corresponde a la demanda histórica que se posicionó desde el 2011 desde la vanguardia estudiantil y que la gratuidad, en el modo en que la concibe el gobierno en acuerdo con la derecha, ha sido una demanda bastardeada por la presidenta Bachelet y los partidos de la Nueva Mayoría.]]>